Una prima del todo inconveniente


Rosario Córdoba Garcés

Economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad

Hace meses se viene hablando de la propuesta de iniciativa legislativa de crear la prima de la canasta familiar para los trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales, con el fin de compensar los gastos destinados a suplir los elementos de la canasta familiar. Una propuesta inconveniente, dadas las distorsiones estructurales del mercado laboral, así como su reciente deterioro, que podrían profundizar los problemas de desempleo, vulnerabilidad del empleo e informalidad, que caracterizan a dicho mercado.

Los datos más recientes muestran que el desempleo en Colombia es el segundo más alto de América Latina, después de Brasil. El empleo vulnerable representa el 47% del empleo total, frente a los promedios de 35% en América Latina y 12% en los países de la OCDE. A su vez, el autoempleo supera en 11 puntos porcentuales la media de la región, y es más de tres veces la de la OCDE. Por su parte, la informalidad laboral se mantiene en niveles altos, entre el 58% y el 64%, dependiendo de la medición.

Lo descrito anteriormente es resultado de factores que limitan la eficiencia y el correcto funcionamiento del mercado laboral, como son los altos costos laborales no salariales –CLNS–, un salario mínimo que no refleja la productividad laboral y las rigideces normativas sobre esquemas de contratación y despido que afectan la creación de empleo formal y, por esta vía, el acceso a la seguridad social.

La prima, de aprobarse, aumentaría los CLNS con un impacto negativo sobre el empleo y la formalidad. Según cálculos de la Andi, estos costos se incrementarían en 4,2 %, pasando de 62,4% a 66%. Además, según la entidad, cerca del 77% del costo anual adicional por el pago de esta prima recaería sobre las empresas grandes y medianas, que son las mayores generadoras de empleo formal en el país.

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Más allá de las buenas intenciones, mejorar el bienestar de la población implica diseñar e implementar buenas políticas públicas, que conduzcan al uso eficiente de los recursos y resuelvan fallas de mercado o de gobierno a través de acciones e instrumentos respaldados por la evidencia.

El Conpes 3816 de 2014 institucionalizó el Análisis de Impacto Normativo en la etapa temprana del proceso de emisión de la normatividad para la rama ejecutiva; algo similar debería hacerse para la rama legislativa.

Ahora bien, en el caso del mercado laboral, para mejorar las condiciones de los trabajadores de manera permanente se requiere diseñar, promover y ejecutar estrategias que ataquen las causas estructurales de las rigideces y que no exacerben los problemas existentes. Esta es una tarea cuya responsabilidad es de todos: del gobierno, del Congreso, de las empresas, de las centrales obreras, de la academia y de la sociedad civil.

Una tarea que empieza por flexibilizar y ajustar las normas que rigen el mercado laboral para que pueda hacerles frente a los retos de la nueva economía. Así mismo, una tarea que conduzca a garantizar que los incrementos del salario mínimo no superen la suma de la inflación y la productividad, y que los CLNS se vayan reduciendo en el tiempo.

Finalmente, una tarea que regule la estabilidad reforzada por condiciones de salud.

Lo anterior, contrario a precarizar el trabajo, contribuiría verdaderamente a mejorar las condiciones del mercado laboral y de equidad, por la vía de una mayor generación de empleo de calidad y de acceso a la seguridad social.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad

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