Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
René Castro afirma que en Colombia el fraude contable no está tipificado como delito, y a los contadores les aplica la falsedad en documento público y privado.
El auditor es responsable de asegurarse de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error.
René Mauricio Castro Vaca, contador público; consultor antilavado, antifraude y anticorrupción y vicepresidente de RICS Management explica que cuando se habla de temas forenses se vinculan con la administración de justicia, en la medida en que se busca el aporte de pruebas de carácter público para presentar en el foro.
«La auditoría forense es una auditoría especializada en investigar, detectar y prevenir delitos económicos y financieros. Esta es una alternativa para combatir la corrupción porque permite que un experto emita ante los jueces conceptos u opiniones de valor técnico, para facilitar el actuar de la justicia, especialmente en lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal y a la solución de discrepancias legales», explica Castro en #CharlasConActualícese.
Él indica que siempre que se han presentado fraudes se preguntan en dónde están los auditores o revisores fiscales.
Hace eco en lo que afirma el Instituto de Auditores Internos, respecto a que la actividad de la auditoría interna debe evaluar la posibilidad de ocurrencia de fraude y cómo la organización gestiona el riesgo de este último.
«El fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza. Estos actos no requieren la aplicación de amenaza de violencia o de fuerza física. Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para asegurarse ventajas personales o negocio», explica.
Castro resalta el Decreto 302 de 2015 (compilado actualmente en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015), en el que se indica que el auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error.
«Cabe recordar que en Colombia no está tipificado como delito el fraude contable, y a los contadores públicos, en caso de presentarse uno, nos aplica la falsedad en documento público y privado. Por este tipo de delitos es que desafortunadamente muchos contadores públicos van a la cárcel», puntualiza.
Castro indica que al ejercer la auditoría forense se deben combinar, entre otras, áreas como: investigación, análisis de información, técnica criminalística, recopilación de pruebas y evidencias legales; declaraciones, testimonios certificados y juramentados; y preparación y habilitación de pruebas para presentar ante la corte civil o criminal.
Además, «todo proceso de investigación debe estar debidamente autorizado por las autoridades competentes: una corte y un juez competente, la Fiscalía General de la Nación, la Policía, agencias o corporaciones autorizadas por el Gobierno para investigaciones civiles o criminales, firmas de auditoría debidamente acreditadas y certificadas para hacer la investigación».
Se deben tener en cuenta las fuentes de información, como son los organismos y archivos gubernamentales, bases de datos comerciales, fuentes financieras; fuentes empresariales, industriales y comerciales; títulos valores y registros públicos.
Castro afirma que la auditoría forense da pie para investigar fraudes en:
También se puede aplicar en disputas comerciales, en donde el auditor forense se puede desempeñar como investigador para comprobar hechos tales como reclamos de rompimiento de contratos, disputas por compra y venta de compañías, reclamos por determinación de utilidades, entre otros.
De igual forma, la auditoría forense también se puede utilizar para adelantar procesos en los que se van a reclamar seguros, y evaluar la negligencia profesional.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
