Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En promedio, cada magistrado ha asumido ocho decretos, en cuyos procedimientos de manera expedita se solicita la intervención de la ciudadanía, expertos académicos y el Ministerio Público.
En dos meses el país podría conocer si 72, de por lo menos 93, decretos legislativos que ha expedido el Gobierno Nacional a lo largo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 están ajustados o no a la Constitución.
Así lo explicó el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien dijo que, por tratarse de decretos de emergencia, los términos se reducen a una tercera parte. Es decir, los integrantes de este alto tribunal tendrán que poner el pie en el acelerador para tener resueltos estos controles constitucionales en cuestión de semanas.
Y aunque se trata de un control automático, ello no ha evitado que ciudadanos envíen a la Corte demandas para manifestarse en contra de las decisiones del gobierno.
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