Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La consulta anticorrupción busca que los políticos elegidos por los colombianos, antes de posesionarse sean un libro abierto y dejen ver sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pagos de impuestos y conflictos de interés, como un requisito para asumir su nuevo rol ante la sociedad.
La consulta anticorrupción se realizará este domingo 26 de agosto, y se aprobaría con 12 millones de votos. Al respecto, ya hemos compartido el punto de vista que tiene el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción –IIEA–, a través de su investigación Consideraciones sobre la consulta anticorrupción, en relación con la posibilidad de reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 smmlv, así como la viabilidad de que los condenados por corrupción cumplan la totalidad de sus penas en la cárcel y qué tan viable será que los congresistas tengan la obligación de rendir cuentas.
Continuamos con el análisis de otra de las preguntas que responderán los colombianos:
“¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pagos de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros, como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?”
Esta pregunta plantea dos puntos:
Las irregularidades encontradas en las declaraciones pueden originar investigaciones penales de oficio al titular y a su potencial red de testaferros (cónyuge, compañero o compañera permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil y a sus socios de derecho o de hecho), e incluso la aplicación de la extinción de dominio. Por otra parte, el primer punto planteado, referente a la obligación de hacer públicas las tres declaraciones es una novedad.
La investigación afirma que «aunque la Ley 190 de 1995 establece la obligación de presentar la declaración de bienes y rentas al momento de posesionarse en el cargo, no dispone que la información allí contenida sea pública, de tal suerte que no puede ser conocida por la ciudadanía».
Aunque el ordenamiento jurídico prevé la reserva de información que contenga datos personales privados, semiprivados y sensibles, esta restricción no debe ser aplicable a los servidores públicos, toda vez que su condición les impone el deber jurídico de soportar limitaciones a su derecho a la intimidad, con el propósito de salvaguardar el interés público atendiendo a los principios de transparencia y máxima publicidad.
«En el caso de los servidores públicos, el derecho a la intimidad debe ceder frente al derecho al acceso a la información pública, en virtud del principio de prevalencia del interés general. Respecto al derecho al acceso a la información pública, la Corte Constitucional ha manifestado que este cumple, como mínimo, tres funciones esenciales: garantizar la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos, posibilitar el ejercicio de otros derechos constitucionales, y garantizar la transparencia de la gestión pública», afirma la investigación. Acceder a las declaraciones de bienes y rentas, fiscales y de intereses de los servidores públicos es necesario para fiscalizar su gestión y así combatir la corrupción.
Desde el punto de vista de la investigación, la redacción de esta pregunta se quedó corta, por cuanto circunscribe la obligación a los funcionarios electos mediante voto popular. «Esta postura se contrapone a la tendencia en otros países como Argentina, donde las altas dignidades del Estado deben declarar su patrimonio y conflictos de interés ante la Dirección de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción; o Bolivia, donde las declaraciones juradas de todos los funcionarios del Estado son públicas», dice la investigación.
De hacerse realidad esta medida, podrían materializarse y elevarse a rango de ley las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que en junio de 2016 publicó las declaraciones juradas y de renta del presidente y todos sus ministros.
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