Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Corte Constitucional argumenta que el Decreto Ley 811 de 2020 no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica.
La Corte Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ley 811 de 2020, que establecía medidas relacionadas con la inversión y enajenación de la participación accionaria del Estado, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La ponencia del magistrado Fernando Reyes Cuartas fue acogida, con una votación de 5 a favor y 4 en contra, argumentando que el control automático de constitucionalidad no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica.
El decreto constaba de dos capítulos: el primero, orientado a la adquisición y posterior enajenación de instrumentos de capital por parte de la Nación, para mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia.
En este sentido, se trataba de reglas para que el Estado invirtiera en sociedades para salvar la empresa y más adelante disponer de esta inversión. No se trataba de privatizaciones, sino de medidas para enfrentar la crisis derivada del virus.
El segundo, contenía disposiciones para la enajenación de acciones de la Nación en sociedades listadas, con el fin obtener recursos necesarios para atender efectos relacionados con el estado de emergencia decretado por el Gobierno nacional.
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