Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Héctor Jaime Correa afirma que tanto la Junta Central de Contadores –JCC– como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– deben ser absorbidos por una colegiatura única.
El Código de Comercio se ha quedado rezagado al no incluir temas relacionados con procesos tecnológicos y que son inevitables.
Héctor Jaime Correa, miembro del Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas de Contabilidad en Colombia, vicepresidente primero de la Asociación Interamericana de Contabilidad, expresidente de la JCC y del CTCP, presidente del Comité Regional de Antioquia y el Eje Cafetero, que está discutiendo la modernización de la Ley 43 de 1990, hace hincapié en la gobernanza de la profesión. Según él:
Es indispensable que se actualice y se busque la independencia del Gobierno nacional, tal como sucede con los órganos del Estado que rigen nuestra profesión, como la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
Tiene claro que estas entidades deben ser absorbidas por una entidad regida por los mismos contadores con independencia del Gobierno nacional y a través de una colegiatura globalizada a nivel nacional:
El CTCP y la JCC deben ser absorbidos por la colegiatura profesional de los contadores públicos dirigida por contadores públicos. Además, la Contaduría General de la Nación -CGN– debe continuar siendo el ente gubernamental encargado de consolidar la contabilidad pública de la nación.
Al hablar de un proceso de modernización de la revisoría fiscal, Correa enumera una serie de temáticas que se deben tocar como: supervisión estatal, autorregulación, NICC 1, alto riesgo, NIIF, NIA, NAI, responsabilidad, academia, entidades, autocontrol y globalización.
Para mí lo único que le hace falta a la revisoría fiscal para hablar de una actualización es que no está normatizada. Hay que agregarle que se deben aplicar los Estándares Internacionales como están establecidos en el Decreto 302 de 2015 y los decretos reglamentarios relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera, y listo.
Sin embargo, para él, debería tener igual o mayor proyección que la contaduría pública. La razón es porque en Colombia primero existió la revisoría fiscal, antes que la contaduría pública. En consecuencia, el Código de Comercio se ha quedado rezagado al no incluir temas relacionados con procesos tecnológicos y que son inevitables.
Las circunstancias han cambiado, unas no tan buenas como otras, y por eso hay que hablar de un proceso de autorregulación. Además, alrededor de la NICC 1 se deben establecer unos manuales de control de calidad para el ejercicio de la revisoría fiscal.
Desde su punto de vista, el ejercicio de la revisoría fiscal debería tener algunas restricciones. Tiene claro que los revisores fiscales deben cumplir con dos requisitos para ejercer sus labores. «Quienes dictaminaríamos los estados financieros seguiremos siendo los revisores fiscales», dice.
El primer requisito es que para ser revisor fiscal de cualquier entidad se debe contar como mínimo con una especialización en revisoría fiscal a través de una entidad reconocida por el Ministerio de Educación.
El segundo requisito es que quien no sea especialista en revisoría fiscal, pero tenga mucha experiencia en este campo, deberá acreditar como mínimo 10 años en este ejercicio mediante evidencias y certificaciones.
Desde su punto de vista, la pandemia hizo que el perfil profesional cambiara totalmente, ya que el contador público hoy debe ser una persona adaptada a los sistemas de información, con carácter de virtualización en un 80 % y de presencialidad en un 20 %.
El cambio de rol servirá para que los contadores públicos reestructuren su forma y actividades de trabajo.
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