Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Entidades como Anif y Corficolombiana piensan que el impacto de las modificaciones sobre la regla fiscal es limitado en el corto plazo, e incluso esperaban un endurecimiento de la misma, aunque el FMI y la OCDE hayan respaldado al Gobierno para justificar su decisión ante las agencias calificadoras.
El 29 de marzo de 2019 el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal le permitió a Colombia un mayor déficit fiscal, de 0,4 % del PIB, pero distribuido entre este y el próximo año. De esta forma, el comité resolvió que la meta de déficit fiscal para 2019 pase de 2,4 % a 2,7 % del PIB, para 2020 de 2,2 % a 2,3 %, para 2021 se mantenga en 1,8 % del PIB y para 2022 en 1,4 %. La senda fiscal permitida resalta que la meta de déficit de 1 % del PIB, que sería lo ideal, se tendría que alcanzar en 2024.
La decisión se tomó luego de que se analizaran diversos puntos como el impacto de la migración venezolana en Colombia, que, según cuentas del Gobierno, tiene un costo para el país de medio punto del PIB (alrededor de 5 billones de pesos), teniendo en cuenta la atención a salud, educación y otras necesidades de los ciudadanos venezolanos.
El presidente Iván Duque dijo al respecto que, aun con la reducción planteada del déficit para este año, «es la mayor reducción del déficit en un solo año desde que existe la regla fiscal. No veo, por ahora, que esa flexibilización temporal vaya a traer un efecto revaluacionista que ponga en riesgo a los sectores productivos».
La decisión, según el Gobierno, permitirá buscar nuevos mecanismos de financiación de ese déficit, a través de deuda o venta de activos, a fin de atender la eventualidad que representa la llegada masiva de migrantes provenientes de Venezuela, informó la Casa de Nariño.
Desde que se tomó la medida no han parado las críticas y diversos puntos de vista por parte de diversas entidades y centros de estudios económicos. Anif no esperaba una flexibilización, sino un endurecimiento de la regla fiscal, a consecuencia de los mayores precios del petróleo y un mayor crecimiento de la economía el año pasado.
Según el gremio, es sorprendente la decisión del comité de acoger y aceptar la propuesta del Gobierno, avalada también por el FMI y la OCDE, de relajar nuevamente la regla fiscal, aduciendo un deterioro fiscal por cuenta del mayor gasto asociado a cerca de 1,4 millones de inmigrantes venezolanos.
Anif, en un informe publicado el 10 de abril de 2019, manifiesta que la situación macro-fiscal del país en la actualidad luce más frágil debido a las debilidades del recaudo de resultantes de la Ley de financiamiento en el horizonte 2019-2020. El centro de estudios económicos agrega que “se evidencian mayores presiones de gasto público provenientes de los recurrentes paros de maestros y de indígenas, amén de los problemas latentes en el sector salud. Por esta razón, Anif y varios analistas del exterior han comentado que la decisión de relajar nuevamente la trayectoria de la regla fiscal durante 2019-2022, acumulando déficits del +2 % del PIB, le resta credibilidad a la sostenibilidad de la deuda del Gobierno central”.
Desde el punto de vista de Corficolombiana, el impacto de las modificaciones tomadas sobre la regla fiscal es limitado en el corto plazo, ya que el FMI y la OCDE respaldan al Gobierno para justificar su decisión ante las agencias calificadoras. “Además, la nueva senda garantiza la disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB en los próximos años, aunque a un ritmo más lento de lo previsto anteriormente”, afirma la entidad.
Según el Gobierno, así como organismos internacionales, la migración venezolana generaría un efecto positivo en el largo plazo vía mayor crecimiento económico, aunque el Comité Consultivo de la Regla Fiscal no lo incorpora en sus proyecciones de PIB potencial. «La credibilidad de la regla fiscal disminuye nuevamente y los retos fiscales siguen siendo elevados a partir de 2020, cuando el recaudo disminuirá como consecuencia de las medidas incluidas en la Ley de financiamiento», indica la entidad.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
