Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Medidas de la reforma tributaria calman los ánimos de la ciudadanía, pero no solucionan el problema de raíz.
Esta reforma resolvió no tocar a las personas naturales, desaprovechando la oportunidad de recoger recursos provenientes de los superricos.
El nuevo Gobierno tendrá que realizar una reforma tributaria estructural.
Jorge Iván González, cofundador de Razón Pública, y Paula Martínez, economista e investigadora asistente a la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, explican las debilidades que presenta el proyecto de reforma tributaria.
Para ellos, el nuevo proyecto de reforma tributaria perpetúa el problema estructural de las finanzas públicas en Colombia.
«El gobierno ha evitado incluir normas regresivas, como mayores cargas tributarias a la clase media, ampliación de la base de personas naturales que deben pagar renta o aumentos en el IVA. No obstante, gran parte del “consenso” se logró gracias a los anuncios de políticas de austeridad del gasto público y de lucha contra la evasión», explican los investigadores.
El gobierno también aceptó la propuesta que hicieron los empresarios de posponer algunos de los beneficios que obtuvieron en la última reforma tributaria.
Desde el punto de vista de los dos introducir planes de gasto es una forma de minimizar las críticas de la ciudadanía y de garantizar el apoyo parlamentario. Además, el proyecto se presenta como si los nuevos recursos tributarios fueran de destinación específica y, entonces, se “amarran” a gastos sociales; «por eso la ley se llama de “inversión social”.
Con todo lo anterior, para los analistas el Gobierno es incapaz de llevar a cabo una reforma de fondo. Se busca recaudar 15,2 billones de pesos, es decir, 8 billones menos que lo estimado en la Ley de Solidaridad Sostenible.
En materia de ingresos tributarios, la propuesta se enfoca en los impuestos a las personas jurídicas, con los cuales se espera recaudar cerca de 11 billones anuales. Específicamente, se trata de aumentar la tarifa de renta del 30 % al 35 % para las firmas colombianas a partir del 2022.
Además, se incluyen medidas como la sobretasa transitoria al sector financiero, con vigencia hasta el 2025, y controles a los descuentos en el pago del ICA.
El otro gran componente es la lucha contra la evasión, que a través de mejoras en la eficiencia de la Dian y procesos de normalización tributaria generaría recursos muy cuantiosos para el fisco.
«Pero estas medidas, que calman los ánimos de la ciudadanía, no solucionan el problema de raíz», opinan. Más allá de la discusión sobre si la carga tributaria debe estar en los hombros de las personas naturales o de las jurídicas, la preocupación fundamental debe ser una reforma tributaria que corrija la desigualdad.
Se necesita mayor tributación de las personas naturales que se encuentran en los centiles más altos en la escala de ingresos y de riqueza. «Esta reforma resolvió no tocar a las personas naturales, desaprovechando la oportunidad de recoger recursos provenientes de los superricos del país. De la misma forma, se necesita recaudar más de las personas jurídicas, pero haciendo la diferencia entre los diferentes tipos de empresas», explican.
Para ellos, la discusión esencial debería versar sobre el carácter distributivo de los impuestos. «La preferencia del Gobierno por recargar esta nueva tributaria en las empresas evita el conflicto social inmediato, pero pospone la solución estructural», advierten.
La conclusión generalizada alrededor de este tema es que el nuevo Gobierno tendrá que realizar una reforma tributaria estructural.
Aunque esta reforma corrige algunos problemas de la anterior, el Gobierno, desde el punto de vista de González y Martínez, ha decidido desaprovechar la posibilidad de cambiar la estructura tributaria y de darle una solución no cortoplacista a los problemas fiscales del país.
«Parece que en Colombia no hemos aprendido la lección más importante: para sanear las finanzas públicas hay que ir más allá de las soluciones de caja. Y para ello se requiere una visión de largo plazo fundada en tres principios: progresividad tributaria, aumento del gasto público, y eficiencia administrativa», concluyen.
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