Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Jaime Vargas, Socio Director de Impuestos de EY Colombia y Clara Ramírez, Gerente Senior de Impuestos de EY Colombia debe reforzarse el recaudo del IVA y simplificar su sistema de retención. Para ellos, es probable que antes de finalizar el año se discuta una reforma encaminada a lograr el recaudo requerido equivalente al 1,5% del PIB.
Jaime Vargas y Clara Ramírez de EY Colombia indican que los impuestos sobre la renta y la propiedad están afectando en mayor medida a las empresas lo que genera un impacto negativo para atraer mayores inversiones al país. Para los dos tributarias, impuestos como el GMF y el impuesto a la riqueza resultan antitécnicos, desincentivando la inversión y el funcionamiento normal de la economía.
Si bien la incidencia de las NIIF en materia tributaria no está siendo analizada por la Comisión de Expertos, el tema lo está revisando directamente el Gobierno a través de la DIAN. Para ello se conformó un grupo que desde el 2014 ha evaluado las medidas necesarias en la transición de la información soporte de las declaraciones tributarias dentro del nuevo marco normativo que plantea las NIIF.
Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno se materializó en el Decreto 2548 del 2014 a través del cual se reguló la forma de soportar la información que se incluye en las declaraciones tributarias durante los próximos 4 años, teniendo en cuenta como base la información contenida bajo los parámetros de la contabilidad que llevaban las compañías antes de la implementación de las NIIF. En esa misma línea, el decreto contempla el desarrollo de un plan piloto por parte de la DIAN para evaluar el impacto de las NIIF en materia tributaria y proponer las medidas legislativas que sean necesarias a partir del 2018.
Posteriormente, mediante Concepto No. 512 del 5 de junio del 2015 la DIAN dio claridad respecto de la forma como los contribuyentes deben soportar las cifras fiscales y sus soportes contables, planteando la opción de manejar un libro fiscal.
Sin embargo, existen temas neurálgicos que deberían ser abordados por la Comisión dada la incertidumbre que representan, como la distorsión entre la utilidad base para la depuración y posterior determinación del impuesto sobre la renta y el CREE y las utilidades que puedan generarse bajo NIIF, pues se podrían generar diferencias en la aplicación del artículo 49 del Estatuto Tributario.
De acuerdo con la información compartida recientemente en los medios de comunicación por parte de Leonardo Villar, Director Ejecutivo de Fedesarrollo, así como las comunicaciones de respaldo que han manifestado agremiaciones como la ANDI y ANIF, es probable que antes de finalizar el año se discuta una reforma encaminada a lograr el recaudo requerido equivalente al 1,5% del PIB.
Dicha reforma, en adición al recaudo esperado, buscaría dos objetivos fundamentales: la redistribución del ingreso y mejorar la formalidad laboral, aspectos con los cuales el Gobierno seguiría avanzando en el proceso de lograr un cambio estructural en el sistema tributario.
Los estudios han concluido que Colombia tiene una tarifa del IVA inferior a la de otros países en América Latina e inferior al promedio de la OCDE -18.9%-, con lo cual existiría espacio para un incremento en los próximos años.
Sin embargo, consideramos que de manera paralela a la evaluación del incremento de la tarifa, debería trabajarse en temas encaminados a eliminar la regresividad del impuesto, buscando acabar con tratamientos y beneficios preferenciales (en materia tarifaria y de exenciones).
Adicionalmente, debe reforzarse el recaudo de este impuesto y simplificar su sistema de retención, buscando de esta manera un mayor control de las transacciones y evitar que la informalidad en las operaciones, principalmente con el régimen simplificado, contribuya a la evasión del impuesto.
Existe consenso en considerar que aquellos impuestos que surgieron en algunos momentos como excepcionales y temporales han permanecido por mucho tiempo en nuestro ordenamiento y resultan antitécnicos, desincentivando la inversión y el funcionamiento normal de la economía, en particular del sistema bancario. Tal es el caso del GMF y del impuesto a la riqueza (o impuesto al patrimonio como se ha conocido en años anteriores) los cuales definitivamente deberían ser eliminados.
A nivel territorial también debería existir una labor de depuración y eliminación de todos aquellos tributos que no representan un recaudo importante para los entes territoriales y que están duplicando las cargas tributarias de los contribuyentes ya que la normatividad vigente es desarticulada.
En materia de ICA, por ejemplo, debería haber un cambio importante en su estructura y una homogeneización en los hechos generadores del mismo para evitar situaciones de doble tributación.
En general, los impuestos sobre la renta y la propiedad están afectando en mayor medida a las empresas lo que genera un impacto negativo para atraer mayores inversiones al país que permitan un mayor crecimiento de la economía. El panorama pareciera no ser igual para las personas naturales.
Con las últimas reformas tributarias hemos visto como el Gobierno ha implementado nuevas medidas buscando mayor recaudo y control de la evasión frente a las operaciones de las personas naturales, en particular de aquellas calificadas como empleados, en donde consideramos que el tema ya presenta un avance importante. Sin embargo, los demás grupos de individuos -no asalariados- aun plantean un escenario de mejora pues allí existiría un campo de acción importante para incrementar el recaudo, en particular en los niveles altos de ingresos en donde aún existiría capacidad de contribuir con las cargas del Estado.
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