Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Desde el punto de vista del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, el sistema judicial nacional premia a los delincuentes con rebajas de penas invitándolos a la continuidad del delito ¡Llegó la hora de terminar con estos “rebajatones”!
En enero de este año, el presidente Juan Manuel Santos anunció que impulsaría una ley para que quienes se vieran involucrados en casos de corrupción no tengan el beneficio de casa por cárcel, “Que sepan los corruptos que pagarán caro su desprecio a la sociedad y su falta de honestidad”, advirtió en ese entonces el Jefe de Estado.
Como prueba de lo anterior, a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero, dos de las cabezas del escándalo del Fondo Premium, la justicia los condenó en el mes de marzo a cinco años de prisión, tiempo que pagarán en sus casas.
Según lo publicado en El Colombiano, la decisión del Juzgado 48 de Conocimiento se tomó en virtud de los delitos cometidos por Ortiz y Jaramillo, como concierto para delinquir, estafa agravada y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores. Ambos empresarios tienen pendiente un proceso por el presunto delito de captación masiva de dinero.
Al respecto, Juan Diego Vélez, víctima y abogado de 317 inversionistas de Premium, le dijo a este medio de comunicación que la condena no corresponde con el daño causado por dos personas que lideraron un proceso de presunta captación masiva de dinero y que no han reparado absolutamente a nadie. Como la ley civil aboga por la recuperación del capital, a las víctimas nunca se les resarcirá el dinero que hace cuatro años tienen involucrado en esta crisis.
Como resultado de lo anterior, Fernando Carrillo, procurador general, le solicitó a las autoridades que aumente los 71 meses de prisión a los que condenó a Ortiz y Jaramillo Botero por sus actuaciones en Interbolsa y el Fondo Premium, así como el pago de 100 salarios mínimos cada uno.
Carrillo, manifestó en la revista Dinero que:
“(…) la pena impuesta no es consecuente con la gravedad de las conductas realizadas, que defraudaron la confianza de más de mil ciudadanos, quienes depositaron sus recursos económicos en esta sociedad para ser invertidos en el mercado de valores”.
El procurador también advirtió que ninguno de los condenados cumplió todas las exigencias que la ley impone para adquirir el derecho a la casa por cárcel, beneficio que terminaron recibiendo.
En un foro anticorrupción llevado a cabo el 4 de abril, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que se trata de un “remedo” de justicia. Sin embargo, Martínez no cuestionó la autoridad del juez sino de la política criminal del Estado que permite este tipo de descuentos sustanciales de la pena. En su opinión:
“Por el solo hecho de allanarse a los cargos hoy en Colombia, el victimario tiene derecho a descuento del 50% de la pena de entrada. Desde el punto de vista criminal ¿esto no es una invitación a continuidad del delito? Me he tomado el trabajo de mostrarle al Ministro de Justicia la inconveniencia de seguir avanzando en estas ‘rebajatones’”
De acuerdo a lo publicado en la revista Semana, y según las cuentas del fiscal, un delito como el cohecho, el cual tiene una pena de 12 años, puede tener una reducción de la pena hasta del 50% si se llega a aceptar. Y si la persona recluida estudia y trabaja dentro del establecimiento carcelario, se le reduce más la pena. Según el cuestionamiento de Martínez: “Esto manda una señal inadecuada a los delincuentes, a este paso los señores de Odebrecht terminarían pasando navidad en sus casas porque la pena mínima sería de 11 meses”.
Y es que la corrupción viene permeando las diversas esferas del Estado. Recientemente, el fiscal general de la nación, confirmó que la entidad adelanta 100.848 procesos por delitos contra la administración pública. También, que hay 266 funcionarios públicos en judicialización y con medida de aseguramiento y que, 230 alcaldes y 20 gobernadores son investigados por hechos de corrupción.
Los sobornos por más de US$11 millones que la constructora Odebrecht entregó en Colombia para ganarse contratos de obras viales opacó el caso de la Refinería de Cartagena, Reficar, cuya modernización tuvo un sobrecosto cercano a los $17 billones de pesos.
Y no hay que olvidar otros grandes casos de corrupción en nuestro país como son: Saludcoop EPS cuyas directivas se apropiaron de manera indebida de más de $1.400 millones de pesos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud; el caso del grupo Nule y el IDU en Bogotá con el robo de $156.000 millones de pesos.
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