Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La principal institución que lucha contra la corrupción en nuestro país es la Fiscalía General de la Nación, a través de sus fiscalías seccionales. En escena también aparecen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades.
La Fiscalía General de la Nación, por medio de sus fiscalías seccionales, es la institución fundamental en la lucha contra la corrupción, en la medida en que tiene la función de investigar y acusar a las personas involucradas en prácticas corruptas, específicamente en delitos contra la administración pública.
En términos de credibilidad y confianza en las instituciones del Estado, la Fiscalía tiene la responsabilidad de demostrar que detecta con efectividad las prácticas corruptas y recauda las pruebas requeridas para sancionar a los responsables. La Fiscalía cuenta con la Unidad de Delitos contra la Administración Pública que tiene la capacidad específica en la materia; su tarea se complementa con la labor fundamental de la justicia de valorar las pruebas y aplicar las sanciones pertinentes, máximo mecanismo de la rendición de cuentas mediante el cual quienes cometen delitos enfrentan el castigo penal correspondiente. Ese papel es especialmente relevante en la medida en que la corrupción se estimula si la justicia no funciona adecuadamente y hay impunidad.
En el marco de la Ley 970 del 2005, tanto la Fiscalía, como la Rama Judicial y los órganos de control tienen la obligación de formular y aplicar políticas explícitas de lucha contra la corrupción, las cuales deben integrarse con las políticas del ejecutivo para conformar la política general del Estado que debe coordinarse con la Comisión Nacional de Moralización –CNM– creada por la Ley 1474 del 2011. A escala territorial, deben especificarse esas políticas adecuadas a la situación particular y articularse con las autoridades territoriales, para lo cual se cuenta con las Comisiones Regionales de Moralización que funcionan en el nivel departamental; a su vez, los alcaldes deben promover mecanismos de coordinación con las entidades nacionales en su territorio.De forma similar a lo que realiza la Fiscalía y la Rama Judicial, los órganos de control, básicamente la Contraloría General de la República y sus gerencias territoriales, las contralorías territoriales –si existen–, la Procuraduría General de la Nación, las procuradurías regionales y provinciales, y las personerías tienen la responsabilidad fundamental de ejercer la petición y rendición de cuentas en materia fiscal y disciplinaria, y de detectar conductas que pueden a su vez ser objeto de sanción penal.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría, mediante sus unidades seccionales, deben cumplir dos funciones: una preventiva, en la medida en que advierten a las entidades y funcionarios sobre los riesgos de irregularidades; y una sancionatoria, por cuanto están facultadas para investigar y castigar a los responsables.
El funcionamiento eficaz de los órganos de control es una de las herramientas principales en la lucha contra la corrupción en la medida en que se elevan los riesgos para los corruptos de ser detectados y se aumentan los costos en que se puede incurrir por las sanciones. Por lo anterior, los órganos de control también tienen la responsabilidad de formular políticas internas de lucha contra la corrupción, para evitar caer igualmente en prácticas corruptas, y de afinamiento del proceso auditor a escala territorial.
Por otra parte, los órganos de control desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de la sociedad civil y en la creación de espacios de diálogo para el control social y la lucha contra la corrupción.
En la Ley 1474 del 2011 se crea solamente la Comisión Ciudadana Nacional de Lucha contra la Corrupción; sin embargo, en el marco de sus facultades constitucionales y legales los gobernadores y alcaldes cuentan con la competencia para crear comisiones similares, responsables de participar en la formulación de las políticas y, especialmente, de ejercer control social sobre su ejecución y cumplimiento.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
