Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
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Óscar Sánchez, coordinador de Educapaz, plantea varios riesgos que atentarían contra el desempeño y las intenciones del Gobierno con el mecanismo de obras por impuestos. Uno es la competencia entre sectores: si un ministerio tiene más peso que otro, podría influir para que sus proyectos vayan por delante.
Óscar Sánchez Jaramillo, coordinador de Educapaz y exsecretario de educación de Bogotá, afirma que el mecanismo de obras por impuestos, aprobado en la Ley 1819 de 2016, y que comienza a regir este año, es una herramienta que tiene puntos positivos y negativos. Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda destinó para este año hasta 250.000 millones de pesos para que los proyectos sean ejecutados y la idea es que se vean proyectos de mejoramiento y dotación de infraestructura social, que incluyan escuelas y universidades en 344 municipios con altos niveles de pobreza y violencia.
«Más allá de la conveniencia de haberlo aprobado, tenemos la obligación de trabajar para que la plata llegue a donde se necesita y se invierta de modo eficiente y transparente. Por tal motivo hay que alertar sobre los riesgos que amenazan esa buena distribución y ejecución», advierte Sánchez Jaramillo.
Desde su perspectiva, se destaca que las comunidades y sus aliados en las organizaciones sociales pueden acceder directamente a las empresas con ideas interesantes y saltarse muchas barreras políticas. Por otra parte, «el diseño apunta a que las obras se terminen rápido y sea muy costoso para las empresas incumplir. Es decir, a diferencia de muchas obras públicas, si se priorizan las que están bien estructuradas, éstas tienen buen pronóstico», dice Sánchez Jaramillo.
Pasando al punto de los problemas que se observan al mecanismo de obras por impuestos, el coordinador de Educapaz, dice que el primero está en el mensaje de que las obras físicas son sinónimo de progreso. «En educación, por ejemplo, aunque el déficit de infraestructura es grande, está ampliamente demostrado que un buen maestro, una comunidad y una familia comprometida, una propuesta pedagógica que respete y libere a los estudiantes, el contacto entre el currículo y el entorno, entre otros factores, pesan mucho más que los edificios», afirma Sánchez Jaramillo.
El segundo problema es que cuando se habla de obras, aunque los mejoramientos se ofrezcan como opción, la tentación de alcaldes, gobernadores y técnicos en el nivel nacional es priorizar los edificios nuevos muy costosos, de impacto reducido y generalmente ubicados en los cascos urbanos, de modo que las poblaciones de las zonas rurales tienden a quedar en segundo plano. «De hecho, en el listado que hasta ahora se ha publicado, ese enfoque es evidente», dice Sánchez Jaramillo.
Otro riesgo es la competencia entre sectores: si un ministerio tiene más peso que otro, podría influir para que sus proyectos vayan por delante. «O si el Departamento Nacional de Planeación o las unidades técnicas de los ministerios a cargo, que tienen mucho peso en la decisión, tienen un sesgo, esto puede hacer que la inversión sea orientada por prejuicios. En el listado que va hasta ahora, aunque sólo hay inscritos proyectos de educación para la mitad de los municipios elegibles, son mayoría frente a los proyectos de otros sectores; de modo que seguramente de los 250 mil millones de pesos que se inviertan, gran parte irá al sector educativo. El énfasis es en infraestructura convencional para la jornada única, mientras la educación inicial, la superior y los espacios para la formación integral están desaparecidos», critica Sánchez Jaramillo.Luego están los riesgos de que las empresas contribuyentes solamente quieran usar el mecanismo cuando se amolde a sus intereses. «Es probable que elijan territorios donde tienen operación o clientes, ante lo cual, si bien todos los municipios elegibles tienen carencias, los centros poblados con menos necesidades en esa lista pueden terminar siendo los lugares de destino de las inversiones. Pueden sesgarse por cercanías con determinadas comunidades que o bien tengan relaciones personales con los dueños y funcionarios de las empresas, o cuenten con la capacidad de incidencia que otras comunidades con más necesidades no tengan», explica Sánchez Jaramillo.
* Fuente: El Tiempo.
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