Consecuencias de gravar toda la canasta familiar con IVA serían negativas para la población más necesitada.
Es menester revisar los beneficios tributarios a través de un test de proporcionalidad, eliminar los que no tengan impacto progresivo y crear un nuevo impuesto que grave los servicios digitales.
El Centro de Pensamiento de Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Centro Externadista de Estudios Fiscales, el Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, Dejusticia, Cedetrabajo, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, entidades reunidas en la Red de Trabajo Fiscal, presentaron una serie de propuestas para la discusión de la próxima reforma tributaria.
De forma general, entre las propuestas se destacan:
La entidad no es partidaria de gravar con IVA los productos de la canasta familiar, ya que las consecuencias para la población más necesitada serían negativas.
Desde su punto de vista, además, el Gobierno nacional ha demostrado que no tiene capacidad técnica de hacer una devolución efectiva del IVA que llegue a toda la población pobre.
“Actualmente, el sistema de devolución del IVA solo incluye a cierta población priorizada dentro de Colombia Mayor y Familias en Acción, que representa un millón de hogares. Estos programas dejan por fuera a la población más pobre en la medida que, según datos del Dane, los hogares en situación de pobreza extrema representan cerca de 4 millones, mientras que los que se encuentran en situación de pobreza ascienden a 13 millones”, indica la Red.
Para la entidad, el Gobierno cuenta con otras alternativas para compensar el recaudo que se deja de percibir por no gravar con el IVA a la canasta familiar y corregir la regresividad de los beneficios tributarios en el IVA. Por ejemplo, crear una sobretasa que se calcule con base en los gastos de consumo de la canasta familiar de los hogares más favorecidos y que se cobre a través de la declaración del impuesto sobre la renta.
Lo que se propone es buscar una tarifa del IVA que tenga en cuenta la desigualdad de los ingresos, lo que podría aportar 10 billones de pesos anuales a la Nación.
Para la Red, se deben revisar las exenciones tributarias que hay en el país y crear un test de proporcionalidad a cargo de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal –OATP– para la aprobación de beneficios tributarios.
Frente a lo anterior, cifras de la Dian registran que las exenciones tributarias le cuestan a Colombia más de 80 billones de pesos al año y el grueso de estas exenciones está ligado al IVA.
Por esto la Red ve necesaria revisar los beneficios existentes para eliminar aquellos que no aprueben el test de proporcionalidad, el cual evaluará la necesidad del tributo y su impacto en los principios de progresividad y equidad del sistema.
La Red pone la lupa sobre otros impuestos. Veamos:
Se propone crear una sobretasa al consumo de bebidas azucaradas de alcance territorial, para que su recaudo sea usado para mejorar la salud pública. Con este impuesto se podría recaudar más de un billón de pesos.
Al respecto, la Red indica que “las recomendaciones de la OMS consisten en regular el consumo de las bebidas azucaradas vía impuestos de tal forma que el impacto sobre el precio supere el 20 %. Conforme con diversos estudios, el simple impuesto a las bebidas azucaradas con una tarifa del 24 % podría reducir la obesidad de los hogares de ingresos más bajos entre 5 % y 10% y en los hogares de ingresos medios entre 5 % y 8 %”.
Alrededor de los impuestos verdes, la idea planteada por la Red es ampliar el hecho generador del impuesto a las emisiones de CO2, incrementar de forma progresiva la tarifa de este impuesto y que el precio del carbono no tenga límite superior.
“En su primer año de implementación este impuesto recaudó $476.900 millones, pero ha dejado de gravar emisiones de CO2 provenientes del gas natural y del C18, por lo cual se podría ampliar el hecho generador del impuesto para incluir estas emisiones y, consecuentemente, aumentar su recaudo”.
Otra propuesta es crear un nuevo impuesto que grave los servicios digitales, cuando el beneficiario del servicio se encuentre en territorio colombiano, el cual debería constituirse con una tarifa baja, teniendo en cuenta que no es un impuesto deducible.
