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Camilo Encina afirma que la administración de fondos para el posconflicto, la influencia indebida de los actores para desviar los programas de posconflicto, así como los sobornos, extorsiones o amenazas juegan un papel en contra de las políticas de transparencia pensadas para el posconflicto.
El secretario de transparencia (E), Camilo Cetina, celebró que existan iniciativas que «reconocen las buenas prácticas de asuntos tan complejos como ejercer supervisión y control sobre las obras de infraestructura vial”. Esta afirmación la hizo el funcionario esta semana durante el lanzamiento del IV Premio Nacional de Interventorías y el II Premio a la Gestión de la Supervisión, que organizan y entregan la ANI y la Universidad de los Andes.
Cetina también hizo un llamado a “dar un paso más allá e implementar estrategias a largo plazo que aporten a la construcción sustentada de políticas públicas anticorrupción”. Del mismo modo, agregó que todos los ejercicios que apunten a que la gestión pública sea más transparente deben entregar, entre otras, insumos para fortalecer la formulación de políticas públicas.
El funcionario resaltó que entre el 16 y el 23 de mayo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia coordinó la visita al país de una misión de expertos de la OCDE, que recogió insumos para formular recomendaciones precisas sobre el fortalecimiento de las capacidades de integridad y lucha contra la corrupción a nivel territorial y la coordinación de políticas nacionales y regionales.
Durante esta visita, la Secretaría de Transparencia acompañó a los funcionarios de la OCDE a Pasto y Quibdó, donde estudiaron el impacto de las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción implementadas.
Cetina también presentó la estrategia de lucha contra la corrupción para el posconflicto. «La ruta de trabajo está orientada por los principales riesgos de corrupción adversos a la estabilización de la paz», dijo.
Dentro de estos se encuentran: la administración de fondos para el posconflicto, la influencia indebida de los actores para desviar los programas de posconflicto, el ejercicio de los funcionarios de organismos de seguridad y administración de justicia y los sobornos, extorsiones o amenazas que los nuevos actores criminales pueden hacer en busca de la cooptación de los vacíos que dejan las Farc.
“Las medidas para mitigar los riesgos están planteadas a corto, mediano y largo plazo. Es fundamental que en este plan se reconozca los periodos de construcción de paz. Iniciamos con un proceso de estabilización, seguimos con otro de respeto a lo acordado y finalizamos con uno que garantice la sostenibilidad de la paz”, declaró Cetina. Por otra parte, y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en el segundo plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, Cetina también presentó una agenda de trabajo en materia de justicia abierta ante la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia.
El encuentro se suma a las gestiones que la sección de la Presidencia de la República viene adelantando con las corporaciones de la Rama Judicial, con el fin de fortalecer sus prácticas de transparencia y lucha contra la corrupción.
Hasta mediados de mayo, la Secretaría de Transparencia ha avanzado en planes de acción con el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
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