Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
* Foto: larepublica.co
Santiago Montenegro, presidente del Consejo Gremial Nacional, asegura que el proyecto de reforma tributaria estructural debió presentarse hace muchos años y es necesario que comience a regir en 2017, pensando en el grado de inversión del país.
Para Santiago Montenegro, presidente del Consejo Gremial Nacional, el proyecto de reforma tributaria sí será estructural por su componente de control a la evasión. De igual manera, estimula la inversión y el empleo y permite que las empresas descuenten del impuesto de renta el IVA pagado por los bienes del capital.
«Es estructural porque abarca varios cambios en los impuestos, como por ejemplo en el impuesto de renta. De igual manera, la reforma simplifica mucho la liquidación de los impuestos de las empresas y de las personas naturales, así como introduce controles a las entidades sin ánimo de lucro y pone cierto orden a los tributos nacionales», afirma.
En el impuesto de renta, la reforma da pasos para redistribuir las cargas desde las empresas hacia las personas naturales, que en Colombia han estado concentradas en las primeras. «Aunque parezca increíble, en nuestro país el 1% de las empresas pagan el 80% de los impuestos de las personas jurídicas», recalca.
Según Montenegro, “en el proyecto se enfatiza mucho en el control de la evasión y se le dan instrumentos a la DIAN. Esperamos que esta entidad logre la capacidad operativa para luchar contra la evasión”.
Montenegro asegura que la reforma tributaria tuvo que presentarse hace muchos años atrás y debe comenzar a regir para 2017. «Una de las razones es que las calificadoras de riesgo le han puesto un ultimátum a Colombia y si no se aprueba este año nos bajan el grado de inversión», dice.
La situación anterior generaría una devaluación muy fuerte en los activos colombianos. «El grado de inversión de las empresas privadas no puede estar por encima del soberano; si cae el de los bonos del Gobierno, eso arrastra los activos en todas las empresas», asegura Montenegro.
Pero aunque Montenegro piensa que esta propuesta sí es estructural, también admite que algunos de los puntos integrados en el proyecto afectan a varios sectores. Según el Consejo Gremial, uno de los gremios más afectados sería el hotelero, que pactó con el Gobierno una libertad de exenciones durante 30 años, lo que no se cumpliría de ser aprobada la reforma.
Sin embargo, Montenegro piensa que la situación fiscal del país exige con urgencia otros ajustes. «La regla fiscal debería definirse, no con base en el balance fiscal, sino sobre un nivel sostenible del gasto público total como porcentaje del PIB. Una regla así haría que se generen superávits fiscales en épocas de bonanza y déficits con bajos ingresos tributarios», dice.
Según él, queda pendiente una reforma estructural de los impuestos indirectos, entre otras razones, para formalizar la economía. «Aunque elimina algunos bienes exentos y excluidos, la reforma debió gravarlos todos con unas tarifas razonables, incluso reduciendo la tarifa superior por debajo del 16%. Y, para compensar los efectos negativos sobre la distribución del ingreso, se podría devolver el IVA pagado por las personas de menores ingresos con programas compensatorios».
Una de las propuestas del dirigente es que se desarrolle una nueva entidad de impuestos y aduanas, completamente aislada del ciclo político, con mucho más personal especializado, dotada de sistemas de información de frontera y tecnología de punta. «La DIAN no tiene la capacidad de escudriñar los paraísos fiscales o lo que hacen las 75 mil fundaciones o constatar que las miles de empresas que usen el monotributo operen, efectivamente, en menos de 50 metros cuadrados como propone la norma», expresa.
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