Afectados por las pirámides no pueden demandar al Estado

Fueron los propios ciudadanos quienes se expusieron a las estafas al momento de invertir su dinero en las famosas pirámides. Los demandantes aseguraban que la Superfinanciera debía responderles por un monto de 600 millones de pesos.

El Juzgado Primero de descongestión de Pasto consideró que fueron los propios ciudadanos los que se expusieron a las estafas al invertir en instituciones no autorizadas para captar dinero del público, como DMG y Dfre.

Es una decisión clave porque debe marcar la pauta en otras 339 demandas, además de 58 acciones de grupo, las cuales pretenden que la Nación pague cerca de 46 billones de pesos perdidos, según los reclamantes, en las ‘pirámides’ desde mediados de la década pasada.

Los demandantes aseguraban que la Superintendencia Financiera debía responderles por un monto de 600 millones porque, supuestamente, no actuó a tiempo para impedir el funcionamiento de las firmas que prometían rendimientos financieros millonarios en muy corto tiempo.

El juez de Pasto consideró que los supuestos daños reclamados al Estado en realidad fueron propiciados por los afectados, mucho más si se tiene en cuenta que los intereses exorbitantes “eran de por sí sospechosos”.

“El Estado cuenta con la capacidad regulatoria y sancionatoria respecto de las actividades económicas y comerciales que los particulares practiquen, pero ello no es extrapolable al punto de que pueda intervenir impidiendo o delimitando la voluntad particular en las actuaciones y negocios jurídicos de orden privado que celebren los ciudadanos”, dice la sentencia.

El juez asegura que si una persona genera un daño contra sus intereses a sabiendas de que su decisión de arriesgar su dinero no sigue los lineamientos legales –las ‘pirámides’ estaban y están por fuera del sistema financiero regulado y controlado por las autoridades–, que “no es jurídicamente procedente que este (el daño) sea indemnizado por el Estado”.

Fuente: El Tiempo.