Candidatos están obligados a registrar un libro de ingresos y gastos de sus campañas electorales

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  • Publicado: 1 octubre, 2015

Candidatos están obligados a registrar un libro de ingresos y gastos de sus campañas electorales

José María Sarmiento Ortiz, coordinador de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales del Ministerio Público, explica cómo se financian las campañas electorales, las restricciones existentes y el control de gastos de las mismas, entre otros aspectos.

Las campañas electorales en nuestro país se financian con recursos del Estado y privados. Estas no pueden recibir apoyo de personas anónimas, tampoco de quienes tengan procesos de extinción de dominio o que tengan cargos por narcotráfico.

¿Cómo se financia una campaña electoral?

Hay tres formas de hacerlo. Un primer sistema, con dinero del Estado. Segundo, con recursos privados. Y un tercer sistema que es mixto donde se financia con recursos del Estado y privados. Colombia ha optado por el tercer sistema. Las fuentes privadas provienen de los recursos propios de los candidatos o de su familia dentro del cuarto grado de afinidad. Igualmente, con las donaciones de terceros, algunos actos públicos a los que los candidatos recurren para financiar las campañas, así como préstamos de particulares o de entidades del sector financiero.

¿Cuáles son las restricciones que existen para la financiación privada?

“Está prohibido recibir y tener fuentes de financiación por parte de persona naturales o jurídicas extranjeras.”

Está prohibido recibir y tener fuentes de financiación por parte de persona naturales o jurídicas extranjeras. Igualmente, aquellas que se reciben de personas anónimas, así como aquellas donde quien dona es una persona a la cual se le ha iniciado un proceso de extinción de dominio, personas que se les han elevado cargos por narcotráfico, auspiciar grupos al margen de la ley, contra la administración pública, y de lesa humanidad.

¿Los servidores públicos pueden financiar las campañas electorales?

No lo pueden hacer, como tampoco las personas cuyos ingresos en el año inmediatamente anterior correspondido el 50% ha sido por contratación o auxilio del Gobierno.

¿Un contratista del Estado no podría financiar una campaña?

El contratista si ha obtenido en el año inmediatamente anterior el 50% de sus ingresos totales provenientes de contratación estatal no puede financiar una campaña electoral.

Sobre la financiación pública. ¿Cómo es el procedimiento para que un candidato acceda a una financiación parcial del Estado?

La financiación pública se hace a través de la reposición de gastos, lo que quiere decir que al voto válido se le fija un valor específico y de acuerdo con los votos válidos que obtenga el candidato, entra por vía reposición, una vez ocurridas las elecciones, se hace una operación matemática, se multiplican los votos obtenidos válidamente por el valor que se le dio al voto, y allí se obtiene una cifra que es la que entra como recursos de reposición.

Sin embargo, existe la figura del anticipo, la cual consiste en que el Estado gira unos recursos a los partidos políticos antes que se inicie la campaña, y los distribuya entre los candidatos y así tener una base de recursos para adelantar sus respectivas campañas.

Si el candidato no logra una votación superior a un porcentaje específico no tendría la posibilidad de estos recursos…

Se debe suscribir una póliza de seriedad en cuanto a que es muy posible que el candidato no obtenga el umbral requerido por la ley para entregar los recursos de reposición. Al partido se le dará un plazo para que reembolse el dinero al Estado. En caso que no lo haga, se hace efectiva la póliza.

Todo candidato debe llevar un registro de control de gastos de campaña. ¿En qué consiste?

Los candidatos están obligados en el momento en que se inscriban a registrar un libro de ingresos y gastos donde se realizan los respectivos asientos contables. Este es el soporte documental donde se ven los hechos económicos en los que incurre la campaña.

* Con información del programa Orden y Rectitud de la Procuraduría General de la Nación.

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