Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
* Foto tomada de www.lacronicadelquindio.com
Rodrigo Vallejo Sánchez, presidente de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Colombia, afirma que el proceso de las NIIF no ha sido el indicado. Reitera que los Contadores Públicos se deben unir y trabajar por la defensa de la profesión, lo contrario es entrar en el negocio planteado para unos pocos, que lo único que hacen es expoliar a los Contadores y la profesión.
Egresado de la Universidad del Quindio, especialista en Revisoría Fiscal, Abogado con especialización en Derecho Administrativo, el Dr. Rodrigo Vallejo Sánchez, es el actual Presidente de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Colombia. Hoy cursa un doctorado en la Universidad de Mérida, Venezuela, y es asesor de despacho de la gobernadora del departamento del Quindio. De igual manera, fue concejal en la ciudad de Armenia.
El proceso de las NIIF no ha sido el adecuado. Los espacios de dialogo y concertación han sido escasos. El Gobierno solo se ha reunido con los amigos de las multinacionales, y ni siquiera se dio un debate amplio de qué realmente se busca con las NIIF, o cómo explicar que muchas entidades se verán obligadas a armonizar su contabilidad cuando lo único que manejan y tienen es un patrimonio familiar o la administración de unos aportes para suplir gastos.
En este sentido me uno al clamor de ACOPI cuando en forma clara y contundente rechaza la obligatoriedad de las NIIF por considerarlas innecesarias, y en mucho tienen la razón porque dónde está el estudio que diga que aplicando NIIF, las empresas serán más productivas y competitivas. Adicionalmente, no se ha considerado el impacto económico que implica la adopción en las Pymes de las NIIF o IFRS. Es más, ACOPI manifiesta que la aplicación de las NIIF puede incentivar la informalización de las Pymes.
Las NIIF se crearon para dinamizar los mercados de valores y las microempresas, y las PYMES no participan de ese mercado; están en el campo de la extracción, la actividad agropecuaria, la manufacturera y comercial, donde lo que se requiere es contabilidad para la productividad y no para la especulación.
Si bien es cierto que, como también lo dice ACOPI, “la modernización del marco normativo de la contabilidad y la información financiera es una prioridad desde el punto de vista internacional, en el marco del comercio internacional”, desde la entidad que presido, consideramos que se debería buscar que la contabilidad sea ese mecanismo que permita construir confianza pública y que sea el reflejo de lo que realmente sucede en el ente económico.
A los inversionistas extranjeros o nacionales les interesa es que su dinero rente y que las utilidades sean transferidas a las cuentas que tienen en el exterior, como ha dado a conocer el Banco de la República más US $5.800 millones de utilidades giradas. No existe norma alguna que determine que las empresas deban reportar información a entidades internacionales y de hecho no lo hacen, los únicos reportes de información empresarial o personal a agencias internacionales los hace el Estado para efectos de indagación por delitos económicos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro de convenios como GAFI, DEA y similares.
Hay que aclarar que una pequeña parte de Contadores Públicos son de los afectos de las NIIF, por lo tanto un grupo de colegas le han sacado provecho al momento actual, porque su verdadero objetivo es la práctica contable, otros en cambio, a la vez que no dejamos de estudiar y conocer el tema, cuestionamos duramente tanto el proceso desarrollado para la convergencia como la aplicación de las mismas en nuestro empresariado. Por lo tanto, se viene afrontando el reto proponiendo escenarios que permitan una construcción de un modelo propio, que represente nuestra realidad contable y ante todo que genere confianza pública.
No existe una oposición al uso de las normas por parte de las empresas que las necesitan para efectos de los mercados de capitales, pero no resulta lógico que se pretenda exigirlas a patrimonios comunes, sindicatos, cooperativas, y organizaciones de familia que no participan de tales mercados. Pretenderlo es un despropósito único en el mundo y se ha implementado en Colombia como un gran negocio de organizaciones privadas que han incrementado de manera desmedida sus patrimonios con recursos provenientes de capacitación, asesoría y unas certificaciones inexistentes legalmente que violan la normatividad sobre el ejercicio de profesiones.El mejor provecho que se le puede dar es que nos unamos y trabajemos por la defensa de la Contaduría Pública, lo contrario es entrar en el negocio planteado para unos pocos que toda la vida no han hecho cosa diferente que expoliar a los contadores y a la profesión. El provecho aquí lo van a tener son los proveedores de software y las firmas que empezarán a ofrecer sus servicios en primera instancia de apoyo a la implementación de NIIF y luego los servicios de aseguramiento de la información.
Nuestros pensamientos están centrados en la protección del interés público y este es amenazado por estas normas que solo protegen la confianza inversionista al tiempo que invisibilizan a las empresas para la supervisión estatal. Elementos determinantes de la institucionalidad como la regulación prudencial y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo no son compatibles con ese enfoque de información de pronósticos porque tales políticas se refieren a los hechos. Los estándares internacionales están en contravía de las políticas públicas en ese sentido.
Hay que recordar, por ejemplo, el cinismo en el documento que propone la adopción de estándares de aseguramiento en que se afirma que no se hacen estudios de conveniencia porque esos los hizo IFAC, cuando el artículo 1 de la Ley 1314 de 2009 se refiere a conveniencia nacional, no de trasnacionales.
El Gobierno Nacional y el Consejo Técnico de la Contaduría se mueven más por intereses extranjeros. Por ejemplo, se hacen eventos donde la participación es limitada, las intervenciones interrumpidas y, adicionalmente, no asisten a los eventos de la profesión, que tienen como fin ayudar a construir confianza pública en las instituciones, en los entes económicos y en especial en la contabilidad como la herramienta que es para la toma de decisiones. La profesión ha sido excluida de la discusión y sustituida por las firmas multinacionales de contaduría que tienen capturados a los órganos de supervisión y normalización.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
