Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El proyecto de reforma tributaria al imponer una carga fiscal excesiva sobre el sector extractivo busca obtener más de la mitad del recaudo total.
La propuesta recarga más el peso tributario sobre quienes tienen la mayor carga: sector empresarial formal y personas naturales de altos ingresos.
Desde que se radicó el proyecto de reforma tributaria y hasta este momento, el sector empresarial colombiano ha señalado varios reparos a la reforma propuesta.
Desde el punto de vista del grupo de analistas económicos de Corficolombiana, empresa inversionista con más de 60 años de trayectoria, el texto aprobado avanzó en la dirección correcta, pero persisten las dudas sobre su efecto adverso sobre la inversión, el empleo y, por ende, el crecimiento económico.
Aunque la reforma tributaria aumentaría el recaudo a corto plazo, «en un horizonte temporal más amplio la reforma terminaría desalentando la inversión y el ahorro, incluyendo el orientado a compra de vivienda», analiza la entidad en su informe Reforma tributaria: análisis e impacto esperado.
El proyecto presenta pocos incentivos a la formalización empresarial, podría tener repercusiones adversas en el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.La reforma provocaría una caída de la tasa de inversión del país de 2 puntos porcentuales –pp– del 23 % al 21 %. Las condiciones financieras actuales llevarían a una reducción adicional de 0,8 pp.
Por lo anterior, para Corficolombiana todavía se pueden revisar puntos como:
Luego de la ponencia en primer debate, el Gobierno ajustó el monto de recaudo que espera de la reforma a 21,5 billones de pesos en 2023, desde los 50 billones anunciados durante la campaña y los 25 billones del proyecto de ley originalmente propuesto.
Para financiar el aumento del gasto social y contribuir a reducir el déficit del Gobierno Nacional Central –GNC– en 2 puntos del PIB el próximo año, como lo establece la regla fiscal, para la entidad, el Gobierno tendrá que buscar fuentes adicionales de financiación para su programa de gasto social, incluyendo la venta de su participación en empresas estatales.
Incrementar el gasto social implicaría un aumento permanente de las obligaciones del Gobierno, mientras que buena parte de su financiación dependería de aportes del sector petrolero que difícilmente se mantendrían hacia adelante. Según analiza la entidad:
La excesiva carga tributaria y la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración marchitarían la producción y las futuras contribuciones fiscales de la actividad petrolera, anticipando además la pérdida de autosuficiencia del país en materia de hidrocarburos.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
