«Son innumerables los casos de instituciones que necesitan reformas para disminuir actos de corrupción»

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  • Publicado: 10 mayo, 2018

«Son innumerables los casos de instituciones que necesitan reformas para disminuir actos de corrupción»

Luis Alberto Rodríguez afirma que, aunque se ha hecho famoso que la corrupción se lleva, mínimo, $40 billones anuales, lo cierto es que no abundan los análisis detallados sobre los mecanismos detrás de esta cifra, ni mucho menos las propuestas concisas para erradicarla o al menos disminuirla.

La corrupción es una de las preocupaciones más grandes de los colombianos. No en vano, todos los políticos prometen acabar con ella. Incluso algunos insinúan, no se sabe si de manera ingenua o por populistas, que todos los problemas del país se resolverán cuando acaben con la corrupción. Lo que no es claro es la forma en que la acabarán, no es suficiente decir que no comprarán votos.

De esta forma piensa Luis Alberto Rodríguez, MPA en Economic Policy Management en la Universidad de Columbia, y quien también se ha desempeñado como jefe de estudios económicos de Asobancaria y profesor de las maestrías de economía de la Universidad del Rosario y Universidad Nacional de Colombia.

“Es innegable que el problema se vuelve cada vez más alarmante para el país. Por ejemplo, según Google Trends, que es una herramienta que muestra las averiguaciones más populares en la famosa página web de búsqueda, la palabra corrupción en Colombia ha pasado de tener un puntaje de 17 a 77 entre agosto de 2010 y marzo de 2018, en un indicador que tiene 0 como el nivel menos popular y 100 el más popular”, afirma Rodríguez.

Para él, aunque se ha hecho famoso que la corrupción se lleva mínimo $40 billones anuales, dato suministrado por la Contraloría General de la República, lo cierto es que no abundan los análisis detallados sobre los mecanismos detrás de esta cifra, ni mucho menos las propuestas concisas para erradicarla o al menos disminuirla. Es valioso que Fedesarrollo y Transparencia por Colombia reunieran a experimentados tomadores de decisiones y con trayectoria académica como Guillermo Perry, Víctor Saavedra, María Margarita Zuleta, entre otros, para discutir el tema.

“Una de las principales recomendaciones que hay del foro, y en particular de uno de los documentos presentados, por Perry y Saavedra, es que para erradicar la corrupción se necesitan reformas estructurales y una estrategia integral. Aunque son valiosas las acciones que tienen, amplían divulgación por estar relacionados con altos funcionarios o casos representativos, eso debería ser usado para ganar respaldo político para adelantar transformaciones más profundas que realmente cambien los incentivos”, dice Rodríguez.

“es necesario que se discuta sobre los elementos de disuasión de la corrupción, ya que hay dudas suficientes sobre la eficiencia de las penas y la justicia en dichos casos, igualmente sobre la supervisión y control”

Para este columnista de Dinero, es necesario que se discuta sobre los elementos de disuasión de la corrupción, ya que hay dudas suficientes sobre la eficiencia de las penas y la justicia en dichos casos, igualmente sobre la supervisión y control. “Son innumerables los casos de instituciones que necesitan reformas para realmente disminuir los incentivos a perpetrar actos de corrupción: contralorías regionales, Consejo Nacional Electoral, elección de procurador y contralor, entre otras”, dice.

Adicionalmente, se deben promover ajustes que disminuyan las oportunidades de corrupción. Ya el Departamento Nacional de Planeación ha señalado que en el país en promedio se han emitido 16 normas diarias en los últimos años, los tramites y regulaciones son un foco de corrupción.

«De manera paralela, se debe profundizar el trabajo que se ha hecho en licitaciones y compras del Estado. En este tema hay muy buenas prácticas en Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Defensa. Por último, apremian acciones concretas para romper el perverso circulo entre política y contratación, el cual está alimentado por oferentes únicos en licitaciones, adiciones extrañas en contrataciones y empleados en los ciclos electorales», concluye Rodríguez.

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