Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Luis Álvaro Pardo, integrante de Justicia Tributaria, afirma que estos recursos equivalen a tres reformas tributarias, las cuales se hubieran podido ahorrar si el gobierno nacional decidiera eliminar los beneficios al sector de minas e hidrocarburos.
Luis Álvaro Pardo, economista y miembro de Justicia Tributaria, asegura que durante los últimos años se han realizado diferentes mediciones y evaluaciones sobre los beneficios tributarios que recibe el sector minero-energético y su costo sobre las finanzas públicas, lo que se conoce como el costo fiscal. «Existe abundante evidencia de que este sector recibe un trato privilegiado, en lo que se refiere a la compensación con la que debería contribuir al Estado, para resarcir las externalidades negativas que genera», dice.
Una de ellas, expresa Pardo, es la posibilidad de reducir la renta gravable, contabilizando como costo las regalías, que en realidad son la participación de la Nación en la actividad minera por ser la dueña de los recursos naturales que se extraen.
Lo anterior es el resultado de la orientación económica del país en las últimas décadas. A partir de 1990 se implementó en Colombia un modelo económico basado en la teoría de las ventajas comparativas, que indicaba que el país debía especializarse en la producción de bienes y servicios en los que tenía menor costo relativo. En principio se establecieron algunos productos agrícolas tropicales, pero ante las dificultades generalizadas de la producción y el trabajo en este sector, y el aumento de los precios de los minerales en el mercado internacional, poco a poco la extracción minero-energética fue ganando preponderancia.
«Además de la proliferación de la pequeña minería artesanal, actividad tradicional desde antes de la llegada de los españoles, se otorgaron nuevas prerrogativas a la inversión extranjera establecidas en el nuevo modelo y se atrajeron capitales para desarrollar minería transnacional a gran escala», dice Pardo.
De 2002 a 2010, el modelo de crecimiento se basó en lo que se denominó Colombia país minero. De 2010 a la actualidad se le ha denominado la Locomotora minera. En el proceso la economía ha sufrido la enfermedad holandesa, conocida como la forma en que la especialización en una actividad productiva y la entrada masiva de dólares de inversión y ganancias a este sector, desestimulan a otros sectores, provocando su crisis productiva y deteriorando la generación de empleo.
«Diversos académicos, sectores políticos, sociales y entes de control han advertido sobre los riesgos de continuar este modelo de desarrollo. La Red por la Justicia Tributaria ha participado en el debate, aportando análisis y herramientas de medición, así como en la propuesta de más transparencia sobre la información de lo que pagan las empresas mineras en impuestos», argumenta el economista.
A las anteriores hipótesis manejadas por el economista se le suman tres elementos, los cuales explican por qué la economía de Colombia no crece de manera sostenida y a niveles que permitan salir del subdesarrollo. Se tratan de: la apuesta por el crecimiento basado en la extracción de recursos naturales; una estructura tributaria regresiva, que perpetúa la desigualdad, con enormes privilegios para el capital financiero; y la ausencia de una política de desarrollo industrial, acompañada de la suscripción de acuerdos comerciales internacionales leoninos.
«El sector minero-energético no requiere estímulos adicionales para atraer capitales, ni garantías a la inversión extranjera diferentes a las que ya tienen otros sectores de la economía. La inversión en este sector está fuertemente correlacionada con los precios internacionales de los hidrocarburos y los minerales, y no con los privilegios tributarios», dice Pardo.
Cálculos de Justicia Tributaria indican que, por cuenta de los 253 tipos de beneficios tributarios que existen en la actualidad para el sector extractivo,el país ha dejado de percibir 18,9 billones de dólares en los últimos 17 años.
«Estos recursos equivalen a tres reformas tributarias. Nos habíamos podido ahorrar las tres últimas reformas tributarias si el gobierno nacional decidiera, por ejemplo, eliminar los beneficios al sector de minas e hidrocarburos. No tiene ninguna razón de ser que Colombia tenga que subsidiar a esos sectores de la economía», resalta Pardo.
Fuente: Justicia Tributaria
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
