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La mentalidad del 78 % de los colombianos indica que, si las personas denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias. A su vez, el 58 % afirma que es poco probable que reportar un hecho de corrupción conduzca a la adopción de medidas. En nuestro país hay una fuerte cultura de compra de votos.
Transparencia Internacional, entre enero y marzo de 2019, realizó presencialmente la encuesta a 17.000 personas en 17 países, incluido Colombia. Una vez obtenidos los resultados, el 23 de septiembre de 2019 los presentó a través de la 10ª edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019.
En nuestro país, el 52% de los encuestados señala que durante el último año la corrupción aumentó. Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (96 % y 94 %, respectivamente).
El 57 % de los encuestados cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, siendo esta percepción mayor entre las personas cuyas edades oscilan en el rango de los 18 a 35 años (66 %).
Frente a esto, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia afirma que estas cifras reflejan que hay una generación que está siendo más crítica frente a la labor del Estado. «Nos encontramos en un momento clave, donde la ciudadanía reclama resultados al Gobierno en esta materia; exige menos retórica y más acciones concretas», dice.
Al centrarse en los resultados de las instituciones, los miembros del Congreso (64 %), el presidente y funcionarios cercanos (55 %), y los empleados públicos (48 %) son considerados como las personas más involucradas en hechos de corrupción en Colombia.
En este sentido, preocupa el aumento de la percepción de corrupción en los jueces y magistrados, con el 47 % (10 % más respecto a 2017), y de la Policía con el 42 % (41 % en 2017).
“Que los jueces y magistrados sean percibidos tan negativamente por la población puede ser resultado de la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción continúe siendo un «negocio que paga». Los vencimientos de términos, los beneficios de casa por cárcel a personas involucradas en estos hechos y las bajas sanciones penales han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos”, afirma Hernández.
«La compra de votos es uno de delitos que pone en riesgo las elecciones, en la medida en que aumentan los costos ocultos de las campañas e introduce un desnivel a favor de los candidatos que incurren en estas prácticas», dice Hernández.
Frente a la denuncia de los casos de corrupción ante las autoridades correspondientes, en Colombia el 78 % de los encuestados sostiene que, si las personas denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias. Adicionalmente, el 58 % afirma que es poco probable que el hecho de reportar un acto de corrupción conduzca a la adopción de medidas.
Aunque los niveles de soborno presentan una disminución significativa (10 % menos que en 2017), la Policía (26 %) y los prestadores de servicios públicos (20 %) son los más propensos a pedir o recibir sobornos en Colombia.
Del total de encuestados que afirmaron haber pagado un soborno durante el último año, el 32 % indicó que el soborno le fue solicitado; el 24 % lo realizó porque esperaba un pago extraoficial; el 16 % pagó sobornos para que las cosas se hicieran más rápido o mejor; y el 20 % lo hizo para expresar agradecimiento por el servicio recibido.
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