Juan Carlos Guataquí, docente de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y miembro del grupo de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, afirma que el tema de las horas extras fue una excelente estrategia política, y es triste que se haya convertido en tema de políticos y no de políticas.
Hay diferentes tipos de brechas y no están relacionadas de la misma forma con todas las instituciones. La mayor brecha es la de instituciones educativas de pésima calidad, y el Ministerio apenas ha confrontado la punta de dicho iceberg.
Por otra parte, la brecha más importante es la ausencia de un sistema de información de demanda que efectivamente permita identificar los requerimientos del sector empresarial y orientar los esfuerzos del sector educativo a abordar dichos requerimientos. El Gobierno ha fallado recurrentemente en montar tal sistema.
Solamente a través de esfuerzos iniciados en la administración Pardo del Ministerio del Trabajo, y continuados desde la academia, hemos logrado desarrollar los primeros análisis de información laboral de demanda.
Si el sistema de información sobre demanda –SINIDEL– funcionara, se podrían reorientar los perfiles de formación para que en el futuro las mujeres que ingresen al mercado de trabajo lo hagan en sectores más competitivos y transparentes, donde los empleos de tiempo parcial, la meritocracia y las remuneraciones no estén tan afectados por la discriminación laboral.
Pero la verdad es que el Gobierno no ha sido capaz de implementar una política integral contra la discriminación laboral de género. Esto tal vez porque, como vemos, en la designación de ternas para Fiscal, Contralor, etc., el Gobierno mismo es el principal discriminador al no permitir la meritocracia sino cumplir simbólicamente, y en un mínimo, las leyes de cuotas.
No conozco dicha estrategia. De hecho no creo que exista, como un documento integral desarrollado para ser ejecutado por el Gobierno Nacional como un todo. Ahora, si usted analiza el comportamiento de la generación de empleo asalariado y el papel de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, tal vez se dará cuenta de que hay opciones de política que han contribuido más a la reducción de la informalidad que el discurso público de una estrategia con tal propósito.
El tema de las horas extras fue una excelente estrategia política, y de hecho es triste que se haya convertido en tema de «políticos» y no de «políticas». El Gobierno se comprometió a «presentar un proyecto» que revirtiera la Ley 789 del 2002.
Presentar un proyecto no es promover y aprobar una contrarreforma. El ambiente político en el Congreso y los intereses que se representan no permitirían en ningún momento de la coyuntura política actual que se aprobase dicho proyecto. Y no lo digo como un juicio de valor; lo digo como un análisis frío y objetivo.
Veo tan urgente e importante hablar de una reforma pensional que creo que el tema supera en mucho el nivel y el poder de convocatoria actual del Ministerio del Trabajo. El punto más importante es que hasta el momento, si bien se tienen estudios actuariales y de sostenibilidad financiera, así como proyecciones demográficas, apenas estamos empezando a analizar los incentivos cruzados de los diferentes agentes involucrados en la discusión de la reforma. No hay un estudio que muestre el panorama completo y ponga sobre la mesa todas las posibles posiciones, y dichas posiciones tienen diferentes formas de ver el elemento de la edad.
El otro aspecto estratégico a tener en cuenta tiene que ver precisamente con el tercer interrogante. El panorama pensional está íntimamente ligado a la formalidad laboral, de hecho, son casi consustanciales. El Gobierno no tiene una estrategia funcional e integral contra la informalidad, incluso sin tener en cuenta el elemento pensional. Cuando usted incluye dicho elemento, la preocupación sobre los dos aspectos –formalidad y panorama pensional– solamente se incrementa.