Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Paola Ríos advierte que de la mano de la reforma laboral diversos sectores económicos se verían afectados por las jornadas de trabajo planteadas.
Para ella, la polémica por los contratos por prestación de servicios debería servir como lección para discutir los 18 puntos planteados.
Paola Andrea Ríos, magíster en Economía y docente en la Universidad Externado de Colombia, afirma que al hablar de una reforma laboral en Colombia hay que tener claro el panorama económico del país.
Como factores negativos aparecen: una tasa de desempleo de dos dígitos (10,3 %), la inflación que para el año anterior cerró en un 13,12 %, el aumento del salario mínimo en un 16 % y la reforma tributaria.
Por otra parte, entre los factores positivos encontramos la tendencia a la baja de la tasa de cambio y las mejoras que en los últimos días se vienen dando en las perspectivas económicas globales.
Ríos destaca los 18 puntos que el Ministerio del Trabajo viene analizando en mesas de discusión, con temas que tocaría la reforma laboral que se presentará en el mes de marzo de este año.
Al respecto, dice que quienes critican la Ley 789 de 2022 afirman que esta no produjo el aumento esperado del empleo, sino que se observó una desmejora en las condiciones laborales de los trabajadores.
Realmente, esta reforma, que pretendía disminuir los costos y aumentar la flexibilidad en las relaciones laborales, aumentó el número de empleos, pero produjo sobre todo un aumento en las horas trabajadas.
Si se vuelve al sistema anterior, la jornada de trabajo diurna duraría hasta las 6:00 p. m., lo cual implicaría un costo mayor para las empresas que operan después de esa hora. También aumentaría el recargo en festivos y domingos, sería más costosa la indemnización por despido sin justa causa, y los contratos de aprendizaje tendrían costos más altos.
Además, no todos los sectores económicos se verían afectados de la misma manera. Comercio, hotelería, turismo, entretenimiento y algunos sectores industriales sufrirán los efectos negativos más importantes, de manera que la nueva reforma no afectaría a la totalidad de sectores productivos.
Además, se debe considerar la actual coyuntura económica, bajo la cual, en general, se hace más costosa la producción, porque los precios de los insumos han aumentado, los salarios han aumentado por el reajuste del mínimo y hay una mayor tributación para ciertos sectores por la reciente reforma tributaria.
Ríos afirma que los mecanismos de ajustes frente a un posible retorno al sistema anterior podrían hacer que las empresas asuman estos costos, beneficiando a algunos trabajadores del sector formal, sin embargo, es probable que estas empresas tengan menor capacidad de contratar nueva mano de obra.
De igual forma, para ella todo lo sucedido alrededor de la Circular Conjunta 100-005-2022, con la cual se limitan los contratos de prestación de servicios, debe servir como lección al momento de discutir la reforma laboral.
El tema sirve para dejar claro que hay una desconexión entre las instituciones del Gobierno al adoptar con intensiones loables una medida que no resulta compatible con las realidades del país.
Entidades como la Federación Colombiana de Municipios mostró preocupación al respecto. Función Pública aclaró que no se necesitan recursos adicionales para, por ejemplo, absorber a los trabajadores de prestación de servicios como trabajadores dentro de las plantas temporales.
Quienes hoy trabajen con contratos de prestación de servicios tendrán una reducción de sus ingresos netos, porque una parte de su ingreso cubriría las prestaciones laborales que hoy no cubre, como las cesantías, vacaciones y primas.
El afán por ejecutar las reformas no puede ir en contravía de hacer evaluaciones rigurosas sobre las condiciones económicas actuales y los efectos de dichas reformas.
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