Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Luis Álvaro Pardo, economista y miembro de Justicia Tributaria asegura que la próxima reforma estructural no aborda asuntos serios ni de fondo, en cambio, será un acuerdo con los grandes empresarios para responsabilizar tributariamente a los menos responsables del gasto público.
Las dificultades fiscales del país se remontan a la década pasada, cuando los gobiernos empezaron a gastar a un ritmo mayor que el crecimiento de sus ingresos. Se trata de un fenómeno acumulativo que persiste hasta la fecha, aunque ya se llevan a cabo algunos intentos por recortar el gasto, especialmente en inversión social.
De manera que la reforma estructural planteada al estatuto tributario es una iniciativa orientada a 1) corregir los errores de las pasadas reformas tributarias del gobierno Santos y 2) buscar nuevos ingresos públicos que permitan reducir el hueco fiscal sin antecedentes en la historia.
En ese sentido, la reforma busca solucionar el hueco estructural de las finanzas públicas y no recaudar recursos frescos para financiar el costo de los acuerdos. La paz no cuenta con presupuesto y las esperanzas recaen en donativos de naciones amigas del acuerdo, aunque la baja intensidad del conflicto podría liberar recursos para financiar su ejecución.
Desafortunadamente, los debates públicos en el país sobre temas cruciales para la sociedad se adelantan con argumentos falsos o a medias para esconder los cálculos políticos de sus expositores.
Cuando empezó a ventilarse la idea de una reforma estructural al estatuto tributario, el Gobierno del presidente Santos señaló que se trataba de una iniciativa para conseguir más recursos para la paz y el gasto social. Sin embargo, cuando la oposición cuestionó la propuesta de entregarles unos recursos a las FARC, el gobierno sacó una nueva carta y dijo que la reforma al estatuto se orientaba a compensar los faltantes por la caída del precio del petróleo.
Se trata de un argumento cierto que exoneraría al Gobierno de su irresponsable manejo de los recursos públicos y abriría las puertas a un nuevo elemento en la discusión, como el gasto en el conflicto interno. Un acuerdo de paz con el mayor grupo guerrillero del país permitiría ahorrar billones de pesos para no aumentar el IVA.
El asunto de fondo no son las diversas tarifas, sino el nivel del IVA planteado en las propuestas sobre el tema, que oscilan entre el 19 y 20%, y su impacto sobre el bienestar de los ciudadanos y la dinámica de la economía.
Nadie con sentido común podría decir que pagar un IVA del 19 o 20% tiene el mismo impacto para una persona que gana un salario mínimo mensual que para el propietario del mayor grupo financiero del país. Para el primero, una mayor tasa significa reducir su consumo y el de su familia, mientras para el segundo, es apenas un tema contable que no lo inhibe de consumir ni sacrifica su bienestar.
Es sabido que un alto nivel del IVA acelera la informalidad y la corrupción, y deprime la demanda interna con un grave impacto sobre el crecimiento de la economía. Todo esto se encuentra en las cartillas de economía, pero el gobierno prefiere ignorarlo porque el Ministro de Hacienda quiere incluir en su informe de gestión un mayor recaudo por impuestos indirectos, sin importar las consecuencias en el mediano plazo, para evitar que las firmas calificadoras de riesgos cambien sus perspectivas sobre la economía colombiana.
La Red de Justicia Tributaria ha solicitado en diversas oportunidades al Gobierno que se revisen los beneficios tributarios, se realice un estudio beneficio-costo para conocer su efectividad y que se limiten en el tiempo, pues muchos de ellos yacen en el estatuto tributario por décadas.
La respuesta del Gobierno, en foros con empresarios, es que los beneficios no serán revisados y menos modificados, esto significa que, pese a los graves problemas fiscales, los empresarios nada tienen que temer en esta materia, y que los mayores recaudos recaerán sobre los contribuyentes sin representación política que haga valer sus argumentos y puntos de vista.
Sin embargo, la profundidad del hueco fiscal llevó de nuevo el tema de los dividendos empresariales y los beneficios tributarios a la discusión, pues estos elementos generan regresividad tributaria e inequidad social. Lamentablemente, estos temas no están en la agenda del gobierno, ni en la de los empresarios.
La caída de la inversión extranjera, especialmente la dirigida al sector minero-energético, coincidió con el derrumbe de los precios de las materias primas, carbón, petróleo, níquel, etc. Un estudio hecho por la Red de Justicia Tributaria establece una gran correlación entre estas dos variables; inversión extranjera y precios de los principales “commodities”, entonces la pregunta que surge es: ¿para qué mantener incentivos tributarios con costo fiscal a inversionistas extranjeros que solo regresarán al país cuando los precios de las materia primas alcancen de nuevo niveles rentables para sus empresas?
Subsidiar la inversión extranjera para mantener altos saldos, a costa del erario público, no es una política sostenible ni responsable con las necesidades del país. ¿Qué hacer? Es un poco tarde, el Gobierno derrochó los ingresos del alza en los precios de los minerales y ahora vivimos al debe. Pero esto tampoco es sostenible. La reforma estructural que se viene no aborda asuntos serios ni de fondo, será un acuerdo con los grandes empresarios para responsabilizar tributariamente a los menos responsables del gasto público.
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