Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Clara Martín, investigadora del Consejo Privado de Competitividad, afirma en Actualícese que la reforma tributaria no corrigió los problemas estructurales del impuesto de renta para personas jurídicas y que el 4×1.000 promueve la informalidad, evasión y elusión de las cargas tributarias.
Para Clara Patricia Martín Castro, investigadora de temas tributarios, política comercial, infraestructura, transporte y logística del Consejo Privado de Competitividad –CPC–, aunque la Ley 1819 de 2016 introdujo algunos elementos que le dan mayor equidad, progresividad y eficiencia al sistema tributario colombiano, existe mucho por mejorar.
Esta economista, que también trabajó en la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como subdirectora estratégica, opina que aunque se eliminó el CREE y su sobretasa, el panorama para las empresas no mejoró mucho porque se creó una sobretasa que incrementa la tarifa de renta, la cual por el año gravable 2017 es del 40 % y por el año gravable 2018 alcanzará el 37 % para empresas con utilidades superiores a 800 millones.
«Lo anterior implica que Colombia sigue teniendo una de las tasas de renta más altas de América Latina, aun cuando llegue al 33 % a partir de 2019 (…) Cabe destacar que la reforma no corrigió los problemas estructurales del impuesto de renta para personas jurídicas, pues este sigue recayendo sobre los ingresos y no sobre las utilidades reales de las sociedades, en la medida en que no es posible descontar todos los impuestos pagados por las empresas. Esto implica que la tasa efectiva de tributación para las sociedades seguirá elevada frente a los estándares internacionales», explica Martín Castro.
Así mismo, desde su punto de vista, el país tiene grandes desafíos en materia de impuestos indirectos. «La reforma tributaria volvió permanente el gravamen a los movimientos financieros –más conocido como 4×1.000–, lo que sigue obstaculizando el acceso al crédito, promoviendo la informalidad, la evasión y elusión de las cargas tributarias», dice. En igual sentido recalca que en América Latina solo siete países tienen este tipo de gravamen y Colombia cuenta con el más elevado después de Argentina y Brasil.
Sobre la posición de los empresarios colombianos, que piden una mayor reducción de los impuestos, Martín Castro afirma que el sistema tributario debe cumplir con tres principios fundamentales: equidad, progresividad y eficiencia. «Para alcanzar el cumplimiento de estos principios aún existe un gran espacio en el sistema tributario. Por ejemplo, las exenciones para empresas de ciertos sectores siguen existiendo, lo que hace que persistan inequidades y regresividad», explica.
En términos de eficiencia también existe un gran espacio para mejorar, en particular en lo referente a la eficiencia en la administración tributaria. Por ejemplo, a pesar de existir una alta tributación para las empresas en Colombia, los ingresos tributarios como porcentaje del PIB son bajos para su nivel de desarrollo. Según la OCDE mientras que los ingresos tributarios nacionales y territoriales de Colombia representan menos del 21 % del PIB, en países como Argentina superan el 32 %. Dicha situación es en gran parte consecuencia de la alta tasa de evasión, la cual en el caso del impuesto a la renta alcanza el 39 % –15 billones que equivalen al 1,7 % del PIB– y en el caso del IVA asciende al 23 % –10,5 billones que representa el 1,2 % del PIB–. No obstante, el Fondo Monetario Internacional estima que la evasión en el IVA llega al 40 % –31 billones, que corresponden al 3,6 % del PIB–.
«Por lo tanto, si se lograra eliminar la evasión y elusión tributaria mejorando la eficiencia en el recaudo, se abriría un espacio para reducir impuestos como el de renta a personas jurídicas, eliminar el GMF o permitir su descuento total en el impuesto de renta», afirma la investigadora del CPC.
Y hablando sobre el ingreso de Colombia al grupo de la OCDE, uno de los objetivos en los que más ha persistido el Gobierno Santos, Martín Castro opina que independientemente del ingreso, si se quieren elevar los niveles de competitividad del país es necesario contar con un sistema tributario equitativo, progresivo y eficiente «que permita dar estabilidad a las finanzas públicas, minimice las distorsiones que generan los impuestos al aparato productivo, promueva el empleo formal, atraiga más inversión para el crecimiento de la economía e incentive una mayor equidad de ingresos».
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