Etiqueta: septiembre 24 de 2018

La Contaduría General de la Nación dio a conocer la Resolución 0349 de 2018, mediante la cual se fija el procedimiento para la elaboración del informe contable cuando se produzca el cambio de representante legal en las entidades sujetas al ámbito de aplicación del régimen de contabilidad pública.

Cabe resaltar que, mediante el Concepto unificado 912 de 2018, modificado por el Concepto 915 de 2018, la Dian da respuesta a 40 preguntas a lo relacionado con el impuesto a la renta y las retenciones en la fuente de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas residentes y no residentes.
Con la presente doctrina se adicionan dos preguntas al título I, donde la Dian se pronuncia frente a las personas naturales residentes obligadas a llevar contabilidad y que utilicen la cédula de rentas no laborales, así como sobre la compensación de pérdidas fiscales de los años 2016 y anteriores.
En el título II, por su parte, se adicionan dos preguntas y respuestas respecto a las personas naturales que deben actuar como agentes de retención sobre las rentas de trabajo y la aplicación de los diferentes métodos de retención en un mismo año gravable para los pagos por salarios que se realicen a un mismo trabajador.

Según lo establecido por la Supersociedades en la presente doctrina, las sucursales de sociedades extranjeras, sujetas o no la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades no requieren autorización para realizar la disminución de la inversión suplementaria, pues esta no hace parte del capital asignado.
Cabe resaltar que la protección a los acreedores, en especial respecto a las obligaciones laborales, se refiere a la prohibición de que trata el parágrafo del artículo 2 del Decreto 2300 del 2008, la cual ordena que no podrán efectuar dicha disminución en los eventos en que el capital asignado a la sucursal disminuya en un 50 % o más. Por lo anterior, no es jurídicamente viable atribuirse competencia para exigir a los administrados solicitar autorizaciones en los casos en que las sucursales de sociedades extranjeras pretendan disminuir la inversión suplementaria al capital asignado, con fundamento en el artículo 145 del Código de Comercio.

Cabe resaltar que el consumo de energía para la iluminación de zonas comunes en unidades inmobiliarias cerradas o edificios sometidos a régimen de propiedad horizontal está a cargo de la respectiva copropiedad, por lo que Minhacienda indica que ello la convierte en usuario del servicio público domiciliario de energía eléctrica y, por ende, en posible sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, cuyo recaudo se destina al alumbrado público del municipio, diferente de la iluminación de los espacios internos de la copropiedad.
En la presente doctrina también se infiere que el hecho de que una propiedad horizontal pague el impuesto de alumbrado público, y que cada una de las casas que la conforman también realicen el referido pago, no significa necesariamente un pago de lo no debido.

El desarrollo de la actividad de asesoría a inversionistas en el mercado de valores posterior a la entrada en vigor del Decreto 661 del 2018 debe ajustarse a las condiciones y requisitos allí establecidos.
En concordancia con lo anterior, los contratos de negocios fiduciarios de inversión y reglamentos de fondos de inversión colectiva suscritos antes de la entrada en vigor del Decreto 661 de 2018, pero ejecutados y con efectos con posterioridad a la misma, deben ajustarse con el propósito de dar cumplimiento a los deberes y obligaciones aplicables al desarrollo de la actividad de asesoría. De igual manera, los contratos de uso de red suscritos entre entidades vigiladas deberán ajustarse a las nuevas disposiciones y, en particular, a las modificaciones introducidas por el artículo 3 del Decreto 661 de 2018.

Con la presente doctrina, la Dian revoca los conceptos 0057 de 2018, 7308 y 0724 de 2018, así como las preguntas 1 y 2 del Concepto 2013 del mismo año; normas en las que se habían presentado interpretaciones de los parágrafos 1 y 2 del artículo 771-5 del ET, en los cuales se encuentra regulado el proceso de bancarización.
Una de las aclaraciones emitidas en el Concepto 19439 de 2018 hace alusión a la frase: “el 85% de lo pagado”, de la cual la Dian concluye, entre otras aclaraciones, que esta última debe entenderse como el 85% de todos los pagos por concepto de costos, gastos y pasivos realizados durante el año fiscal por parte del contribuyente, y sin importar el medio de pago.