Contaduría Pública

Si el tipo de vinculación del contador con la empresa es a través de una contrato de prestación de servicios, el pago de los honorarios al contador depende de los que las partes (empresa-contador) pacten en el contrato de prestación de servicios.

La Ley no ha establecido una inhabilidad para actuar como contador público cuando este se ha desempeñado como miembro del Consejo de Administración de la copropiedad; dicha inhabilidad aplica cuando ejerce como auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversias contables.

La tarjeta profesional del contador público emitida por la Junta Central de Contadores – JCC– es la encargada de acreditar que esa persona se encuentra facultada para desempeñar el cargo de contador público, y por tal razón, se considera documento público. Por otra parte, teniendo en cuenta la inhabilidad establecida en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990, el contador público no podrá ser contratado como contador de una entidad por el término de un año, a partir de la fecha de su retiro como auditor independiente.

La Junta Central de Contadores expidió la Resolución 000-0003 del 2 de enero de 2018, con la cual fija los valores de los trámites y servicios de esta entidad para la vigencia 2018. Así, el valor de la tarjeta profesional de contador público expedida por primera vez es de $303.000, mientras que el valor de la tarjeta de registro profesional expedida por primera vez de las entidades que presten servicios de la ciencia contable asciende a $3.907.000; en cuanto a la matricula profesional y a la modificación de la tarjeta de registro profesional, tendrán un valor de $303.000 y $391.000, respectivamente. Así mismo, el certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios para contadores públicos tendrá un valor de $28.000, en tanto que el de las entidades que presten servicios de la ciencia contable tendrá un valor de $52.000.

El CTCP precisa que la firma de estados financieros de liquidación implica una labor que, encontrándose dentro de los tiempos del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la entidad y el contador público, debe ser atendida por este profesional a fin de adelantar dicho trámite.

En línea con la política de reducción y simplificación de trámites que impulsa el gobierno nacional, se determinó la necesidad de modificar el procedimiento en línea para la inscripción por primera vez y expedición de tarjeta profesional del contador público o tarjeta de revisto profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, así como reducir los tiempos de respuesta, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias previstas para tal efecto, y por consiguiente, era necesario establecer una normatividad que permita reducir y simplificar el tiempo del procedimiento en mención, contemplado en la Resolución No. 000-0973 de 2015. Por lo anterior, la Junta Centra de Contadores expidió la Resolución 000-1002 del 18 de diciembre de 2017 con la cual se modifican algunas disposiciones de la Resolución No. 000-0973 del 23 de diciembre de 2015, y se establecen mecanismos de racionalización y simplificaciones en el procedimiento en línea para la inscripción por primera vez y expedición de tarjeta profesional de contador público o tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable.

El CTCP precisa que no existe normatividad que estructure inhabilidad para que un contador público acepte ser contador de una sociedad de un familiar. Sin embargo, es importante tener en cuenta las posibles amenazas que afectarían de manera directa la objetividad del cargo, debido a que se podría configurar un conflicto de interés como lo establece el código de ética.

La firma en los estados financieros por parte de un contador público, hará presumir que estos se ajustan a los requisitos legales y estatutarios, que las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad y que éstas reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la entidad.

El CTCP señala que el contador público, además de tener derecho a recibir una remuneración por sus servicios, tiene la obligación de dejar resueltos todos los aspectos relacionados con su ejercicio profesional.

El contador público está obligado a guardar la reserva profesional en todo aquello que conozca en razón del ejercicio de su profesión, salvo en los casos en que dicha reserva sea levantada por disposiciones legales.

Considerando que las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público actúan como parte demandante o como parte demandada en procesos que buscan el reconocimiento del derecho para quien demanda (los cuales se resuelven mediante procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos como el arbitraje y la conciliación extrajudicial), y que como medida cautelar pueden ser embargadas las cuentas bancarias de estas empresas a fin de garantizar el pago de las sentencias judiciales cuando los procesos judiciales son en contra de la entidad, la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 310 del 31 de julio de 2017 para incorporal al marco técnico normativo de estas empresas el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, y modifica el Catálogo general de cuentas de dicho marco normativo.

Junta Central de Contadores. Deroga la Resolución 122 de febrero 28 de 2014 y redefine los procesos que se surtirán para la recepción y trámite de las quejas que los particulares o las entidades públicas presenten contra los contadores y las sociedades de contadores por supuestas faltas contra la ética profesional.