Contaduría Pública

A través del Concepto 0410 de julio 7 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– se refirió al sustento de los registros que soportan los estados financieros aludiendo lo establecido en el artículo 6 del anexo 6 del DUR 2420 de 2015 respecto de los soportes, y al artículo 7 del mismo anexo en relación con los comprobantes de contabilidad.

La entidad concluyó que respecto de las partidas cuyos terceros no puedan identificarse es indispensable realizar circularizaciones con terceros. Cuando no se puedan establecer los beneficiarios y obligados de algunos derechos y obligaciones incorporados en los estados financieros, dichas partidas deben ser dadas de baja de los activos y pasivos, según corresponda, para ajustar los estados financieros a la realidad de la empresa y sus transacciones.

Ahora bien, cuando haya partidas en las que no se cuente con soportes válidos y suficientes alineados con lo expuesto, deberán primero analizarse las condiciones establecidas y otra información relevante que indique que se cumplen los requisitos para proceder con la baja de cuentas de los activos y pasivos. Por ejemplo, en el caso de los activos, si se ha perdido el control total o parte de este, cuando expiren los derechos contractuales sobre el activo o cuando este haya sido transferido; en el caso de los pasivos, si la obligación se ha extinguido en su totalidad o parcialmente.

Mediante el Concepto 0405 de julio 2 de 2021 el Consejo de la Contaduría Pública –CTCP– se refirió al reconocimiento de los impuestos diferentes a los impuestos sobre las ganancias (renta y ganancia ocasional), los cuales deben ser contabilizados observando las indicaciones de la CINIIF 21 – Gravámenes.

Esta norma menciona que los gravámenes, tales como el impuesto de industria y comercio, deben reconocerse como un pasivo cuando ocurre la actividad que produce su pago, lo que correspondería a su hecho generador, el cual se encuentra regulado en la Ley 14 de 1983 y las demás normas que lo han adicionado o modificado. De allí se entiende que el impuesto se genera cuando se desarrollen actividades comerciales, industriales y de servicio en la respectiva jurisdicción municipal.

Así las cosas, el reconocimiento del impuesto de industria y comercio como un pasivo se realizará de manera progresiva en la medida en que ocurra el suceso que da origen a la obligación, es decir, la obtención de ingresos por actividades comerciales, industriales o de servicios.

Ahora bien, respecto del tratamiento contable cuando este no se genera en las actividades de producción de inventarios, estos no hacen parte del costo de los inventarios de la entidad. De esta manera si el hecho que genera la obligación es la venta del producto o servicio, estas serían reconocidas para efectos contables como gastos operacionales de la entidad. En caso de que el hecho que da origen a la obligación se establezca a partir de los volúmenes de producción, dicho impuesto sí formaría parte del costo de producción de inventarios.

Mediante el Concepto 0398 de junio 29 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– indica que para efectos contables lo primero por tener en cuenta es que los hechos económicos deben ser reconocidos por su esencia económica y no únicamente por su forma legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1314 de 2009. De allí que, si la entidad transfiere el control del activo y no conservó riesgos y beneficios significativos, lo que procede es la baja del activo en la fecha en que se transfirió el control, reconociendo los nuevos derechos derivados de su transferencia que en este caso sería una cuenta por cobrar.

Sin embargo, para el caso expuesto en el concepto sobre la venta de un vehículo si la autorización para el blindaje del mismo se configura como un requisito indispensable para considerar la transferencia del control, la entidad que vende el vehículo no podría dar de baja el activo de sus estados financieros, dado que aún conservaría los riesgos y ventajas significativas. Para ello se deberán evaluar las circunstancias específicas de la transacción y el juicio profesional en la aplicación del marco normativo contable.

El CTCP señala que en algunas ocasiones entregar el vehículo no implica el traslado de los riesgos y ventajas asociados a la propiedad del activo, por lo que deben analizarse los riesgos relacionados con accidentes de tránsito, permisos o multas para proceder a su venta.

Así las cosas, si la entidad luego de realizar la evaluación respectiva da por sentada la transferencia del activo, podrá darlo de baja y reconocer la cuenta por cobrar desde el momento en que se efectúa la venta. Sin embargo, para efectos fiscales debe tenerse en cuenta que la venta de un vehículo al cual no se le ha realizado el proceso de traspaso se considera patrimonio de la entidad titular dueña del activo, por lo que deberá reconocerse así, y el valor recibido en la venta del activo deberá reconocerse como un pasivo. Cuando se realiza el traspaso se podrá reconocer el ingreso.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 43 de 1990, las funciones del contador público de una entidad estan determinadas por las funciones acordadas al aceptar el cargo.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– publicó el Concepto 0197 de 2021, mediante el cual se aclara si el grado de consanguinidad es o no una inhabilidad para aceptar el cargo de revisor fiscal de una cooperativa.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución 20211000154045 de 2021, mediante la cual amplió el plazo para la presentación del informe de auditoría externa de gestión y resultados –AEGR– hasta el próximo 18 de junio.

La Superintendencia de Sociedades expidió la Resolución 100-002629, por medio de la cuál se expiden y adoptan los manuales de usuario para tramitar los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia mediante mecanismos digitales, y el uso y aprovechamiento de las TIC.

La Supersociedades expidió el Concepto 220-054181, mediante el cual aclara que la interposición societaria no es el único evento o situación en que se puede presentar la figura de fraude a la ley, pues le corresponde al operador judicial determinar a partir de un análisis en qué casos se presentó esta figura.

La Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100-000007 de 2021, mediante la cual se informa a los representantes legales de sociedades de beneficio e interés colectivo –BIC– sobre el plazo para acreditar el cumplimiento de haber realizado, presentado y publicado el reporte de gestión BIC.

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000005 para determinar el alcance de la política de supervisión respecto a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales sujetas a la supervisión de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

A través del Concepto 0157 de marzo 15 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– indica que se requiere el uso del modelo del valor razonable para los activos biológicos solo cuando este sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo desproporcionado, lo que significa que una entidad que aplique el Estándar para Pymes puede medir sus activos biológicos al costo utilizando la exención de costo o esfuerzo desproporcionado descrita en los párrafos 2.14A al 2.14D de la norma.

De esta manera, si al realizar los juicios descritos en la norma se concluye que la entidad puede aplicar el modelo de valor razonable, todos los cambios que surjan de este deberán ser reconocidos en el estado de resultados y no serían objeto de amortización, pues esto solo aplica si la entidad emplea el modelo del costo.

Por medio del Concepto 0112 de febrero 22 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que, para el reconocimiento de un impuesto diferido activo en una entidad que presenta pérdidas recurrentes, la entidad debe realizar un análisis para determinar si dispone de ganancias fiscales futuras con las cuales pueda compensar dichas pérdidas. De no poseerlas, debe abstenerse de reconocer impuesto diferido y deberá revelar tal situación en los estados financieros informando sobre aquellas pérdidas fiscales que puede compensar y sobre las que no reconoció el impuesto diferido.

Si del análisis en referencia se concluye que una parte de las pérdidas sí podrían recuperarse, el impuesto diferido debe medirse sobre las pérdidas fiscales objeto de compensación a futuro, aspecto que también debe ser revelado en los estados financieros.