Etiqueta: agosto 14 2017

Por el cual se sustituyen y modifican artículos  de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del título 2 de la parte 2 y el capítulo del título 3 de la parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en lo relacionado con las modificaciones introducidas al régimen de precios de transferencia por la Ley 1819 de 2016.

Mediante la cual se reglamenta el procedimiento de los «procesos disciplinarios» adelantados por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, se derogan las resoluciones 123 de 2014 y 1280 de 2016, y se dictan otras disposiciones.

La Supersociedades señala que si los estatutos no lo han previsto, los socios de una SAS no pueden convocar reunión directamente, salvo que se trate de decidir sobre la acción social de responsabilidad de que trata el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, actuación esta que se dirige contra el administrador o administradores que con su conducta violatoria de la ley y/o de los estatutos, han causado perjuicios a la sociedad, a los socios y/o terceros y que indiscutiblemente conlleva la remoción del cargo que ocupa el o los administradores contra quienes se ejercite. En ese caso la decisión puede ser adoptada sin que incluso conste en el orden del día, como lo prescribe el inciso primero del citado artículo 25 de la Ley 222 de 1995, y la convocatoria a la reunión donde se adopte tal determinación puede ser realizada por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que esté dividido el capital social.

La Dian precisa que el prorrateo de los impuestos descontables previsto en el artículo 490 del Estatuto Tributario constituye una regla que aplica siempre que el responsable del impuesto sobre las ventas realice indistintamente operaciones gravadas, exentas y/o excluidas, con el fin de establecer los impuestos descontables del período. Esto naturalmente es previo a la declaración. Luego, si se establece que hay saldo a favor, el responsable del impuesto sobre las ventas que realice alguna de las operaciones exentas descritas en el artículo 481 del ET, debe aplicar el procedimiento establecido en el artículo 489 del mismo estatuto para determinar la proporcionalidad de impuestos descontables que generen saldos a favor susceptibles de ser solicitados en devolución.

La Corte Constitucional reiteró que, independientemente de quién tenga la responsabilidad por la no afiliación de un trabajador al sistema general de pensiones, los efectos tanto de la no afiliación como la falta del pago de los respectivos aportes jamás serán una situación negativa que sea posible trasladar al trabajador, sino que dependiendo de cada situación particular uno u otro sujeto deberá asumir tal responsabilidad. En el caso de la falta de afiliación será el empleador descuidado; en el de la afiliación, seguirá siendo el empleador, pero con mora en el pago de los aportes si a pesar del llamado a desembolsarlos continúa con su conducta apática, o el fondo o la administradora de pensiones si nunca hizo el reclamo, ya que en últimas no es el afiliado quien tiene por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, razón por la que no es posible trasladar exclusivamente (ni en todos los casos) la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores.

A partir de la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016 la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda no certifica la base gravable para la liquidación de la sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.

En relación con la contribución sobre contratos de obra pública de que trata la Ley 1106 de 2006 las asociaciones de municipios actúan tanto como sujetos activos, como pasivos, dependiendo del extremo contractual en el que se hallen respecto de la suscripción y ejecución de contratos de obra pública. De otra parte, lo establecido en el Decreto 3461 de 2007 no varía los elementos estructurales de la contribución sobre contratos de obra pública de la citada ley, motivo por el cual dicha contribución se causa indistintamente de la modalidad de contratación que se utilice para la adjudicación y suscripción de contratos de obra pública. Por lo anterior, si una asociación de municipios suscribe un contrato o convenio interadministrativo con un municipio en el que la asociación actúa en calidad de contratista de obra pública, el municipio estará en la obligación de retener 5 % sobre los pagos realizados al contratista, es decir, a la asociación de municipios.

Por la cual se adopta la guía general para el trámite de los procesos disciplinarios de Competencia de la UAE – Junta Central de Contadores.