Etiqueta: junio 27 2017

Luego de hacer la revisión constitucional de las objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley No. 016/15 Senado – 190/15 Cámara, “Por medio del cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales, y se dictan otras disposiciones”, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declararlas infundadas por considerarlas inconstitucionales; lo anterior debido a que, en criterio del Ministerio Público, el texto objetado desarrolla admisiblemente el concepto de eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, el deber de regulación tarifaria de acuerdo con los costos del servicio y el deber de solidaridad en la financiación de los servicios públicos domiciliarios, por lo que el ministerio estimó que sí es posible eliminar los cobros por reconexión y reinstalación de servicios públicos domiciliarios en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3.

A través del Decreto 968 del 8 de junio de 2017, el Gobierno Nacional reglamentó el artículo 223 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a los acuerdos de pago relacionados con obligaciones existentes por concepto de impuestos municipales y distritales de azar y espectáculos, impuesto nacional de espectáculos con destino al deporte, impuesto de fondo de pobres e impuesto unificado de fondos de pobres, azar y espectáculos distritales. El decreto establece que las entidades territoriales acreedoras podrán conceder acuerdos de pago incluyendo la posibilidad de satisfacer la deuda mediante la asignación de entradas a la población objeto que determine la Secretaria de Cultura de la respectiva entidad territorial. Para efectos de determinar el valor del pago que se realizará mediante la asignación de boleterías, estas se estimarán al valor comercial de las mismas sin incluir impuestos, tasas o contribuciones, ni tampoco los costos asociados al servicios de impresión y boletería.

Mediante la Resolución 000032 del 8 de junio de 2017, la DIAN reglamentó el artículo 66 del Decreto 730 de 2012 en lo referente a la certificación electrónica que debe emitir el importador, exportador o productor, para solicitar trato arancelario preferencial, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. Dicha resolución establece que la certificación, en la que se hace constar que la mercancía es originaria, deberá elaborarse en formato que no permita modificación alguna, por ejemplo, PDF, JPEG, XPS; de igual manera, señala el contenido de dicha certificación y los requisitos, control y condiciones de la solicitud de trato preferencial arancelario, basada en el conocimiento del importador o la confianza razonable en la información que posee de que la mercancía es originaria.

Los actos administrativos proferidos por la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica, en uso de las facultades legales previstas en el numeral 13 del artículo 9 del Decreto 4048 de 2008, se constituyen en la fuente normativa que faculta a las diferentes dependencias para adelantar las actividades establecidas en el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios, entre las cuales se encuentra el proceso de facturación.

La elaboración y comercialización al por mayor y al por menor de productos nacionales, como suplementos dietarios y vitaminas, que se encuentren clasificadas en las subpartidas 21.06.90.79.00, 21.06.90.90.0. y 22.02.90.99.00, se encuentra excluida del IVA, de acuerdo con el artículo 424 del ET.

En la importación desde zona franca al resto del territorio aduanero nacional de una mercancía que ingresó a la zona franca amparada en un solo documento de transporte, no procede el endoso parcial en propiedad, por expresa prohibición de la normatividad comercial.

El AIU no es aplicable a contratos de obras o bienes que pueden retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble; por tanto, si se trata de puertas y ventanas se hace referencia a bienes corporales muebles, y se está, sin lugar a dudas, frente a una situación de venta, la cual se encuentra sujeta a la tarifa general del IVA que corresponde al 19%.

De acuerdo con el artículo 356-1 del ET, las entidades sin ánimo de lucro tienen la posibilidad de realizar pagos a fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores y sus vinculados, siempre y cuando correspondan a precios comerciales promedio, de acuerdo con la naturaleza de los servicios o productos objeto de transacción. Cabe señalar que el parágrafo tercero del artículo mencionado permite una excepción a la regla, indicando que los pagos podrán hacerse por debajo de los precios comerciales promedio cuando las transacciones sean destinadas al cumplimiento y desarrollo de sus actividades meritorias. Por otro lado, en caso de ser un entidad obligada a enviar memoria económica, deberá dejar constancia de la transacción y del contexto de la donación, so pena de ser considerada una distribución indirecta de excedentes.