La iniciativa que pretende modificar el Habeas Data Financiero deberá ser debatida, votada y aprobada antes de junio 20 de 2019. Al proyecto de ley que brindaría una amnistía por una única vez a los deudores que se pongan al día en los seis primeros meses de vigencia de la ley le faltan dos debates.

La Ley de Habeas Data otorga a los ciudadanos el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos personales que se encuentran almacenados en bases de datos y archivos, mediante consultas y reclamos ante las entidades y la Superindustria. Un decálogo que vale la pena tener presente.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el Decreto 2438 de 2018, determinó nuevos obligados a suministrar información a la UGPP con el fin de evitar la evasión y elusión de aportes parafiscales al sistema de seguridad social; también fijó las especificaciones técnicas de dicha información.

Entre 2016 y 2017 el número de quejas impuestas ante la Superfinanciera llegó a 2.676. Si una entidad no ha prestado adecuadamente el servicio está incumpliendo o ejecutando actos que violan las normas y se expone a que cualquier ciudadano inicie trámites de queja en su contra.

La Superintendencia de Industria y Comercio precisa que, si bien todos aquellos que se encuentren entre los 0 y 18 años cuentan con los mismos privilegios y protección especial, la categoría de los adolescentes (12 a 18 años), en virtud de la capacidad y madurez que han desarrollado, se les ha dado un mayor margen de acción en relación con la capacidad para adoptar decisiones por sí mismos. En consecuencia, la Ley 1266 de 2008 es aplicable para los datos de contenido crediticio, financiero, comercial, de servicios o la proveniente de terceros países de los adolescentes (menores de 12 a 18 años), quienes gozan de incapacidad relativa para la celebración de ciertos actos de conformidad con el artículo 1504 del Código Civil. Es importante mencionar que los menores de 0 a 12 años son incapaces absolutos y sus actos no producen aún obligaciones naturales y no admiten caución.

Entre 2016 y 2017 el número de quejas impuestas ante la Superfinanciera llegó a 2.676. Si una entidad no ha prestado adecuadamente el servicio o si está incumpliendo o ejecutando actos que violan la normas, un ciudadano puede acercarse a este organismo e iniciar el trámite de la queja.

Tras la entrega por parte de la Superindustria de sus últimos resultados de gestión, pueden destacarse: multas por más de $21.000 millones, la admisión de 8.626 demandas por parte de consumidores y 1.094 órdenes para corregir, actualizar o eliminar datos en las bases de datos de las empresas.

La juventud colombiana es el nicho económico que más mueve operaciones de crédito. Si usted apenas comienza a ser parte del sistema financiero, o lleva años perteneciendo a este, vale la pena tener presente que debe tener un buen historial crediticio y hacerle el quite al sobreendeudamiento. A continuación algunas recomendaciones.

La Corte Constitucional establece una protección al buen nombre y al debido proceso para todos los casos. En Colombia no pueden existir obligaciones perpetuas: todas prescriben.

Bajo ningún argumento, una deuda puede estar reportada en una central de riesgo financiero por más de 10 años. Algunas casas de cobranza están cediendo entre sí las carteras, pretendiendo burlar el límite impuesto por la Corte Constitucional.

Usted como ciudadano es la única persona autorizada para que dejen de utilizar sus datos. Hay sanciones para las entidades que no permitan actualizar, corregir o eliminar su información personal incorporada en una base de datos.

Se ha vuelto normal que la información que contiene nuestros datos personales circule por doquier sin más restricciones. Ojo, esto es un delito y hay leyes que lo respaldan. Falta mano dura.