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Mintrabajo establece dos obligaciones a cargo del empleador: una potestativa consistente en flexibilizar el horario de trabajo, con el fin de que el trabajador cumpla con los deberes frente a su grupo familiar, y otra imperativa, relacionada con la concesión de una jornada laboral semestral para que el trabajador comparta con su familia; sin embargo, el empleador no puede solicitar prueba de su realización, pues debe partir de la buena fe con la que se ejecuta el contrato.

El Ministerio del Trabajo aclara que el auxilio extralegal de transporte cancelado por el empleador para que el trabajador lo utilice en las actividades encomendadas no es salario, y por ende tampoco forma parte de la base de liquidación de prestaciones sociales, ni de las indemnizaciones. Tampoco se le tiene en cuenta para aportar a seguridad social integral, ni para pagar aportes parafiscales.

Mediante la Resolución 3908 de 2005 se adoptó el manual operativo del programa de protección social al adulto mayor, hoy Colombia Mayor, el cual fue actualizado mediante la Resolución 1370 de 2013 y posteriormente con los anexos técnicos n.° 1, 2 y 3. Al respecto, en el anexo 3 se modificó la periodicidad del pago del subsidio económico del programa Colombia Mayor, quedando de manera mensual.
Por lo anterior, el Ministerio del Trabajo emitió el Decreto 1340 de 2019, con el cual adapta una de las causales de pérdida de subsidio a la nueva periodicidad de pago. Dicha causal es la estipulada en el numeral 7 del artículo 2.2.14.1.39 del Decreto 1833 de 2016, en la que se señala que el no cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros será motivo de pérdida del mismo.

El Ministerio del Trabajo reitera que la ley faculta al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo en cualquier momento y sin una justa causa, pero asumiendo la respectiva indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

El Ministerio del Trabajo reitera que toda vez que se configuren los elementos propios de un contrato de trabajo la legislación entenderá que se derivaran del mismo los derechos y obligaciones propios de una relación laboral, como el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones y la afiliación y cotización al sistema general de seguridad social, entre otros conceptos.

El Ministerio del Trabajo concluye que el empleador tiene la obligación de pagar las prestaciones sociales del trabajador durante la relación laboral, incluyendo el tiempo de la incapacidad laboral. Cabe resaltar que entre dichas prestaciones se encuentra el interés a las cesantías.

Mintrabajo concluye que, conforme lo expuesto, cualquier persona en situación de discapacidad o pensionada por invalidez puede ser contratada laboralmente bajo cualquier tipo de contrato de trabajo a término fijo, indefinido o por obra y labor. La única restricción es que no puede tener doble asignación del tesoro público.

Mintrabajo aclara que en virtud de lo establecido en el artículo 160 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todas las entidades dedicadas a la administración de cesantías están obligadas a tener un reglamento de funcionamiento, el cual puede establecer los requisitos y el trámite que cada entidad estime conveniente para el pago de las cesantías por muerte del trabajador.

Mintrabajo concluye que, de conformidad con las disposiciones jurisprudenciales, se tiene que en efecto habrá lugar al pago y reconocimiento de la licencia de paternidad por parte de la EPS, dado el caso, de manera proporcional y en los mismos términos que se otorgaría una licencia de maternidad.

Mintrabajo concluye que la cotización de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por parte del empleador deberá hacerse de conformidad con lo señalado en la normativa, contemplando la posibilidad de ser sancionado administrativamente en caso de actuar de mala fe y sin apego estricto a las disposiciones legales procedentes.

Mediante la presente doctrina, el Mintrabajo manifiesta que considera que los contratos por medios electrónicos pueden tener firma electrónica o digital, y que serán empleador y trabajador quienes determinarán el mecanismo técnico que utilizarán para realizar comunicaciones con firma electrónica, mecanismo que debe permitir identificar y vincular a una persona con la creación de un mensaje de datos, un acto o un contrato, y que debe contar con su aprobación.

Mintrabajo concluye que un empleador que permita el voluntariado, ya sea del sector privado o público, debe tener presente que el voluntario no es trabajador de su empresa y, por tanto, no es posible pactar con él una remuneración económica a título de auxilio, en razón a que la Ley 720 de 2001 reconoce el voluntariado como acciones de interés general en pro de personas naturales o jurídicas. Las personas que prestan su acción de servicio a la comunidad lo hacen con carácter civil y voluntario.