Etiqueta: superintendencia de servicios publicos domiciliarios

Resolución SSPD-20191000035615 de 13-09-2019

Impuestos, NORMATIVIDAD, Resolución Publicado: 13 septiembre, 2019

Mediante la Resolución SSPD-20191000035615 de 2019, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reglamentó la aplicación del artículo 313 del PND (Ley 1955 de 2019), señalando los responsables del recaudo, los tiempos de giro al Fondo Empresarial de la Superservicios y otros criterios a tener en cuenta por los prestadores del servicio de energía con relación a esta sobretasa que aplica para los usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6 (comerciales, industriales y no regulados).
Cabe resaltar que la sobretasa al servicio de energía para los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 y el sector comercial e industrial en Colombia quedó en $4 por kilovatio/hora. Esta sobretasa está vigente desde el 24 de mayo de 2019, y aplica para los consumos de energía activa en los ciclos que iniciaron lectura con posterioridad a la promulgación del Plan Nacional de Desarrollo. Los recursos recaudados se deben girar al patrimonio autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD–.

Concepto 479 de 16-07-2018

Concepto / Oficio, NORMATIVIDAD Publicado: 16 julio, 2018

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informa que la forma de entregar las facturas de servicios públicos domiciliarios será la que se determine por las partes en los contratos de condiciones uniformes o en sus modificaciones, existiendo la posibilidad de que se facture electrónicamente.

Concepto 560 de 31-07-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 31 julio, 2017

En una situación de inconformidad con la facturación de un servicio público, el usuario inconforme debe acudir de forma directa ante su prestador, haciendo las peticiones que correspondan respecto de los valores que no reconoce o debe, o frente a las actuaciones de facturación desarrolladas por el prestador. Una vez resueltas de fondo tales reclamaciones y dentro del término de 15 día hábiles, el usuario tendrá acceso a los recursos que son un medio de impugnación, a través del cual los usuarios de servicios públicos domiciliarios pueden manifestar su oposición o desacuerdo frente a las decisiones del prestador que afecten la prestación del servicio o la ejecución del contrato, solicitando que esas decisiones sean revisadas, modificadas o revocadas por el mismo prestador o por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Concepto 550 de 25-07-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 25 julio, 2017

La Superservicios precisa que una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios puede facturarlos electrónicamente siempre que el usuario lo haya consentido expresamente y se le garantice dentro del proceso de facturación los servicios de exhibición y conservación de la factura, y se cumplan los requisitos de la factura contenidos en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 17 del Decreto 1001 de 1997. No obstante, en la actualidad no existe una obligación que sugiera que las empresas de servicios públicos domiciliarios deban migrar a un sistema de facturación electrónica, por lo que facturar o no a través de este mecanismo será una decisión de los prestadores, la cual deberá ser acordada y aceptada previamente por los usuarios.

Concepto 542 de 24-07-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 24 julio, 2017

Para los servicios de energía eléctrica y gas por redes, la Resolución CREG 108 de 1997 autorizó a los prestadores de servicios para aproximar por defecto o por exceso el valor total de una factura al número entero de la decena más cercana. Para el caso de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el artículo 5.1.2.4 de la Resolución CRA 151 de 2001, autorizó originalmente a los prestadores de servicio de aseo para aproximar por defecto o por exceso el valor total de una factura al número entero de la decena más cercano a dos decimales; la disposición anterior fue modificada en el 2006, haciéndose extensiva a los servicios de acueducto y alcantarillado. Cabe señalar que la norma no indica si la aproximación debe ser negativa o positiva, y a falta de regla expresa sobre el tema, se tiene que la misma quedará al arbitrio del respectivo prestador, de acuerdo con sus políticas de facturación. Por lo anterior, se tiene que existirá aproximación por exceso cuando el ajuste que se realice de los decimales sea positivo; por el contrario, se está ante un ajuste decimal por defecto cuando el ajuste que se realice a los decimales sea negativo.

Concepto 517 de 19-07-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 17 julio, 2017

Respecto de las zonas comunes de una propiedad horizontal, el suscriptor de los contratos de servicios públicos es la persona jurídica constituida como consecuencia del sometimiento al régimen de propiedad horizontal, y los usuarios de los servicios que por tales contratos se prestan, serán todos los beneficiarios de la prestación del servicio público, bien sea que los mismos sean propietarios de las unidades individuales que componen la copropiedad, o que estos simplemente sean receptores directos del servicio. Así pues, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 130 y 154 de la Ley 142 de 1994, tanto el suscriptor del contrato como los usuarios del servicio que se presta en zonas comunes pueden presentar peticiones, quejas y recursos relacionados con la ejecución del contrato y la prestación del servicio, en los estrictos términos y oportunidades establecidos en el artículo 154 y siguientes de la Ley 142 de 1994, en igualdad de condiciones.

Concepto 475 de 29-06-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 29 junio, 2017

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios precisa que el hecho de que un inmueble este desocupado no cambia su destinación, simplemente le da el derecho de acceder a una tarifa preferencial en razón a que estando desocupado el inmueble no se producen consumos. Para acceder a la tarifa final especial para inmuebles desocupados se requiere de una solicitud previa del suscriptor o usuario del servicio, a la que se adjunte al menos uno de los documentos señalados en el parágrafo del artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015, en donde se acredite la desocupación del inmueble, de tal manera que con posterioridad a dicha solicitud el prestador adopte las medidas necesarias tendientes a que el pago de la tarifa corresponda a la de un inmueble desocupado. Así mismo, es importante tener en cuenta que la acreditación de que un inmueble se encuentra desocupado solamente tiene vigencia de 3 meses, razón por la cual, una vez vencido tal período, si la desocupación del inmueble persiste, se deberá presentar nuevamente la solicitud ante el prestador del servicio con el propósito de que opere nuevamente el cobro de la tarifa correspondiente a un inmueble desocupado. Por otra parte, cabe señalar que el prestador del servicio puede rechazar la solicitud de devolución de dinero a los usuarios con inmuebles desocupados cuando estas correspondan a pagos realizados antes de la fecha en la cual se solicitó la aplicación de la tarifa preferencial por predio desocupado.

Concepto 433 de 09-06-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 9 junio, 2017

La Superservicios precisa que la regla general en materia de facturación es que esta se produzca con posterioridad al consumo, habida cuenta que este es el elemento principal del precio que se cobra al usuario, y que el mismo solo puede determinarse al momento de la lectura. No obstante, esta regla tiene dos excepciones: la primera, relativa a la posibilidad de acogerse a esquemas de medición y pago anticipado de servicios bajo la modalidad de prepago, partiendo de la base de que tanto prestador como usuario calculan la cantidad de kilovatios o metros cúbicos de agua o gas a consumir y el usuario los paga a un valor determinado por prestador, limitando su consumo a la cantidad prepagada, sin que exista la posibilidad de exceder el consumo por encima de la misma, salvo que se efectúe una nueva recarga; la segunda tiene que ver con la posibilidad de que se pacte el abono del valor del servicio contra la posibilidad de realizar pagos o recibir devoluciones dependiendo la facturación real de consumos.

Concepto 411 de 05-06-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 5 junio, 2017

El artículo 365 de Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y en desarrollo de tal precepto el artículo 4 de la Ley 142 de 1994 le dio la calificación de esenciales, lo que hace necesario que tanto los usuarios, como las personas que los presten tengan una especial protección por parte de las autoridades para el ejercicio de los derechos que las leyes les confieren. Con ese propósito, el artículo 29 de la Ley 142 de 1994 adoptó el mecanismo preventivo del amparo policivo, el cual constituye un mecanismo dirigido a restablecer los derechos de un prestador cuando los mismos han sido perturbados, sin que importe en cada caso concreto la valoración jurídica relativa al derecho real o personal que el actor que impide el ejercicio del derecho pudiera tener (propiedad, uso, usufructo, servidumbre, arrendamiento, ocupación, etc.).

Concepto 404 de 30-05-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 30 mayo, 2017

La tarifa de servicios públicos domiciliarios responde a una estructura de costos particulares por cada servicio y municipio y a un consumo por usuario, que es lo que se remunera vía tarifa. Tal estructura tiene en cuenta, además de la clasificación residencial y no residencial de los inmuebles, los estratos residenciales, con miras a determinar cuáles de ellos recibirán subsidios (estratos 1, 2 y 3), cuáles aportarán contribuciones (5 y 6 e industriales y comerciales), y cuáles serán neutros tarifariamente (estrato 4); de acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista de la Ley 142 de 1994, la citada clasificación no tiene en cuenta la ubicación de algún inmueble en una zona histórica, por lo que en principio los inmuebles ubicados en ellas no tienen ningún beneficio en lo que a servicios públicos y sus tarifas se refiere. Sin embargo, es posible que los municipios, al momento de realizar la estratificación, clasifiquen los inmuebles declarados de conservación histórica o arquitectónica dentro de los estratos 1, 2 o 3 con el objeto de que los mismos sean subsidiables.

Concepto 402 de 26-05-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, Finanzas, NORMATIVIDAD Publicado: 26 mayo, 2017

En cuanto a la posibilidad de que los prestadores de servicios públicos domiciliarios reporten a sus usuarios morosos a las centrales de riesgo, es necesario señalar que, de acuerdo con lo indicado en el Concepto Unificado SSPD – OJU 2009 – 03, ni la Ley 142 de 1994, ni las normas que regulan dicho reporte prohíben la inclusión en las listas de dichas centrales a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, en especial, si se tiene en cuenta que la relación empresa – usuario, es una relación comercial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que según lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, el reporte de información a tales centrales requiere la autorización del titular, autorización que en el caso de los servicios públicos domiciliarios no puede imponerse como una condición previa para permitir el acceso a tales servicios, teniendo en cuenta, tanto la esencia de estos, como el hecho de que la Ley 142 de 1994 no permite incluir en los contratos de servicios públicos cláusulas que condicionen el ejercicio de cualquier derecho contractual o legal del suscriptor o usuario, o aquellas que presumen sus manifestaciones de voluntad.

Concepto 380 de 19-05-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 19 mayo, 2017

En relación con la publicidad anexa a las facturas de servicios públicos, la Superservicios indica que en la actualidad no existe norma alguna que prohíba la inclusión dentro de las facturas de publicidad de servicios distintos a los domiciliarios, por lo que la inclusión de volantes, desprendibles, cupones o similares, a través de los cuales se ofrezcan bienes o servicios se encuentra permitida. Respecto a los beneficios económicos derivados de la inclusión de publicidad en una factura de servicios públicos, no son competencia de esta entidad y dependerán de los contratos suscritos entre los prestadores y los respectivos comerciantes, y dado que la inclusión no está reglada, en la actualidad no se requiere del consentimiento del usuario para su envío.

Concepto 176 de 17-03-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 17 marzo, 2017

De acuerdo con los artículos 5 y 15 de la Ley 1437 de 2011 (este último sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015), las peticiones pueden presentarse de manera escrita o verbal y sin necesidad de apoderado; en caso de que se presente de forma verbal es necesario que quede constancia de la misma. Por lo tanto, a toda petición presentada, de forma verbal o por escrito, debe dársele un tratamiento igual, pues no hay razones ni disposiciones normativas que hagan diferenciaciones entre estas. Si a una persona se le vulnera su derecho fundamental de petición, esta puede hacer valer su derecho a través de la acción constitucional de tutela. Adicionalmente, debe recordarse que la Superservicios está presta para recibir todas las denuncias que realicen los usuarios de servicios públicos domiciliarios cuando presuntamente no se le haya dado un trato igualitario a las peticiones presentadas de forma verbal en el marco del contrato de condiciones uniformes.

Concepto 107 de 23-02-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 23 febrero, 2017

El parágrafo del artículo 32 de la Ley 675 de 2001 establece que para la facturación de los servicios públicos de las zonas comunes, la propiedad horizontal será considerada como usuaria frente a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios; de igual manera, el artículo 80 de la misma ley dispone que las prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben elaborar las facturas de cada inmueble. En consecuencia, es dable colegir que no se puede predicar la existencia de solidaridad entre la propiedad horizontal y los propietarios de las unidades habitacionales que conforman la copropiedad, ni para el pago de los servicios públicos a cargo de la prima, ni el pago de los servicios a cargo de los copropietarios.

Concepto 074 de 08-02-2017

Concepto / Oficio, Impuestos, NORMATIVIDAD Publicado: 8 febrero, 2017

La Superservicios señala que, de acuerdo con los artículos 14.9 y 148 de la Ley 142 de 1994, las facturas que expiden los prestadores de servicios públicos domiciliarios, para efectuar el cobro de los servicios prestados, debe incluir como mínimo la información suficiente para que el usuario del servicio pueda establecer si en ella se encuentran los elementos relacionados con la prestación del mismo y, por ende, los establecidos en el contrato de condiciones uniformes. En otras palabras, la factura debe contener la información necesaria para saber cómo se determinaron y valoraron los consumos, cómo se comparan éstos y su precio con los periodos anteriores, e igualmente el plazo y modo en el que debe efectuarse el pago. Así pues, teniendo en cuenta que quien expide la factura es el prestador del servicio correspondiente, el usuario y/o suscriptor del servicio, deberá acudir de manera directa y en primera instancia a este, para que le resuelva cualquier inquietud o inconformidad sobre su contenido.

Concepto 68 de 06-02-2017

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 6 febrero, 2017

A través del Concepto 68 del 6 de febrero del 2017, la Superintendencia de Servicios aclara que, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 142 de 1994 (norma actualmente vigente), quienes presten servicios públicos domiciliarios pueden cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran. Lo anterior debido a que, aunque el 22 de julio del 2015 fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 16/15 Senado – 190/15 Cámara, con el cual se pretendía modificar la Ley 142 de 1994 y eliminar el cobro de reconexión y reinstalación de los servicios públicos residenciales, el cual surtió todos los debates necesarios para convertirse en ley de la República, el mismo no fue sancionado por el Presidente, quien consideró que dicho proyecto de ley resultaba inconveniente e inconstitucional, lo objetó y lo devolvió al congreso para el trámite pertinente.

Concepto 357 de 01-06-2016

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 1 junio, 2016

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Señaló que ante la existencia de un acuerdo de pago entre el suscriptor o el usuario con la empresa prestadora del servicio público, exime de responsabilidad al otro.

Resolución SSPD – 20161300013475 de 19-05-2016

Estándares Internacionales, NORMATIVIDAD, Resolución Publicado: 19 mayo, 2016

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Establece los requerimientos de información financiera para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios en cumplimiento de las indicaciones de la Ley 1314 del 2009.

Concepto 298 de 11-05-2016

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 11 mayo, 2016

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Aclaró que las empresas prestadoras de servicios públicos no pueden suspender el servicio si el usuario se atrasa en cuotas de conceptos distintos al consumo pero este ultimo si lo paga oportunamente.

Resolución SSPD-20151300028525 de 20-08-2015

Estándares Internacionales, NORMATIVIDAD, Resolución Publicado: 20 agosto, 2015

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Mediante Resolución 28525 de agosto 20 del 2015, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios modifica fecha de reporte de Estado de Situación Financiera de Apertura.

         

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