La discriminación por razones de discapacidad se eleva al rango de delito estableciendo una pena de prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual puede llegar a ser de 54 meses de cárcel o multas de 22 salarios mínimos cuando se restrinjan derechos laborales.