Jurisprudencia / Sentencias

En la Sentencia T-229 de abril 20 de 2017, la Corte Constitucional hizo referencia al despido o terminación de contrato del trabajador prepensionado.

El Consejo Técnico señaló que ciertos actos de los comerciantes y puntualmente de las sociedades anónimas, incluidas las que tienen por objeto los servicios públicos domiciliarios, conforme disponen las normas imperativas del Código de Comercio, se acreditan mediante el certificado de la Cámara de Comercio, lo que impone el cumplimiento previo del deber de su inscripción ante ellas, so pena de ineficacia.

Mediante sentencia, la Corte Constitucional señala que las incapacidades laborales por enfermedades generales que se causan a partir del día 181 corren por cuenta de la administradora de fondos de pensiones, hasta tanto el trabajador se recupere o su enfermedad sea valorada por la junta de calificación de invalidez. El no pago de dichas incapacidades o de asignación salarial, por pensión de invalidez, o por indemnización sustitutiva que le provea el sustento y el de su familia al empleado, genera que este quede totalmente desamparado y agrave su situación de debilidad manifiesta, lo que viola los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la persona.

Al resolver recurso de casación interpuesto por cuatro empleados en contra de su empleadora, una empresa de telecomunicaciones, la Corte Suprema de Justicia señaló que la disponibilidad del trabajador para realizar actividades laborales fuera del horario habitual de trabajo da lugar al reconocimiento y pago de horas extras, recargos y descansos compensatorios. En la sentencia, la corte confirmó la decisión que adoptó el primer sentenciador a favor de los demandantes, pues se pudo evidenciar que estos estaban disponibles desde sus hogares algunos sábados y domingos por 24 horas para atender cualquier problema que se presentara en las centrales de la empresa demandada; además, aun cuando en el plenario reposan documentos que dan cuenta de que se reconocieron algunas horas extras laboradas a los actores, las mismas no se acompasan con la realidad del asunto, esto es, que los demandantes cuando eran programados para realizar turnos operativos estaban disponibles para remediar algún inconveniente que se presentara, es decir, estaban bajo las órdenes de su empleador, sin importar la hora ni el momento.

La Corte Suprema de Justicia aclaró que el simple hecho de que el trabajador esté disponible y atento para el momento en que el empleador requiera algún servicio le otorga el derecho a la remuneración por trabajo suplementario. Esto se aplica siempre y cuando el trabajador no pueda realizar otra actividad personal o familiar.

La Corte Constitucional reitera que el derecho a la estabilidad laboral reforzada no puede entenderse únicamente como la limitación que existe para retirar al trabajador que ha sufrido una disminución en su estado de salud, sino también como la posibilidad que tiene ese trabajador de ser reubicado en un puesto que pueda desempeñar conforme a sus condiciones de salud. La reubicación laboral es una forma de conciliar los intereses de ambas partes (trabajador y empleador), en tanto que se le permite a la persona afectada en su salud potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, pese a la condición que le sobrevino y a la empresa o entidad, maximizar la productividad de sus funcionarios.

Al resolver recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia señala que para que proceda el reintegro de un trabajador a una empresa, es indispensable que la misma exista físicamente, pues resulta ilógico pretender la reubicación del empleado en una entidad que ha desaparecido material y jurídicamente. No obstante, y según sea el caso, la entidad que llevó a cabo el despido sin justa causa podría estar obligada a realizar el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales que el trabajador haya dejado de percibir desde la fecha de desvinculación hasta la fecha de culminación de la liquidación de la entidad, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por el mismo lapso, como si la relación laboral hubiese continuado hasta el final de la existencia de la empresa.

La Corte Suprema de Justicia señala que de acuerdo con el inciso 2 del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, los pensionados, en su condición de afiliados obligatorios al régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud, deben asumir en su totalidad el valor de la cotización, pues al contar con capacidad de pago están llamados a contribuir con el financiamiento del mismo. Dichas cotizaciones deben realizarse desde la fecha en que se causa el derecho pensional, por lo que una vez se realice el reconocimiento del pago de la pensión la administradora debe descontar del valor retroactivo pensional las correspondientes cotizaciones a salud.

La Corte Suprema de Justicia precisó que cuando trabajador y empleador deciden, a través de un acta de conciliación celebrada ante funcionario competente, terminar la relación laboral por mutuo consentimiento, es acertado afirmar que en esta decisión, no obstante presentarse una oferta económica por parte del empleador, medió la voluntad del asalariado para finiquitar ese vínculo contractual, circunstancia que no desdibuja el retiro voluntario a que se refiere el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, al exigirlo para la configuración de la pensión de jubilación restringida después de quince años de servicio; lo anterior, debido a que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades y el trabajador, como sujeto de derechos, tiene capacidad para celebrarlo e igualmente terminarlo. Por ello, la Corte señala que no hay lugar al pago de la pensión de jubilación restringida, pues tal como la norma lo exige, la misma procede si el trabajador fue despedido sin justa causa.

La Superintendencia de Salud recuerda que el Decreto 2353 de 2015 establece el derecho a la libre escogencia de EPS en el sistema general de seguridad social en salud, el cual debe hacer directamente el afiliado de manera libre y voluntaria. El artículo 50 de dicho decreto señala las condiciones para el traslado entre EPS, a saber: 1) El registro de la solicitud de traslado por parte del afiliado cotizante o cabeza de familia en cualquier día del mes; 2) Encontrarse inscrito en la misma EPS por un período mínimo de 360 días continuos o discontinuos contados a partir del momento de la inscripción (en el régimen contributivo el término previsto se contará a partir de la fecha de inscripción de la persona cabeza de familia; si se trata de un beneficiario que adquiere las condiciones para ser cotizante, este término se contará a partir de la fecha de su inscripción como beneficiario); 3) No estar el afiliado cotizante o cualquier miembro de su núcleo familiar internado en una institución prestadora de servicios de salud; 4) El cotizante independiente debe estar a paz y salvo en el pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud; 5) Inscribir en la solicitud de traslado a todo el núcleo familiar.

La Supersalud señala que una vez el trabajador dependiente ha sido incapacitado, con el objeto de evitar la afectación de sus derechos fundamentales tales como la salud y el mínimo vital y los de su núcleo familiar, el empleador debe pagar el subsidio económico de incapacidad, el cual, pese a no reemplazar el salario, sí debe pagarse con la misma frecuencia y valor que este es cancelado al trabajador. Cabe señalar que el artículo 24 del Decreto 4023 de 2011 establece la obligación al empleador de abstenerse de deducir el valor que corresponde a las incapacidades, de las cotizaciones en salud realizadas. Además, en concordancia con el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999 los empleadores tienen la facultad de solicitar el reembolso del pago de las incapacidades a las EPS para liberar de la carga administrativa al trabajador que se encuentra en estado de menor capacidad, para lo cual cuentan con un término de 3 años contados a partir de la fecha en que realizó el pago correspondiente al trabajador.

La Corte Suprema de Justicia recuerda que los incrementos elevados en el ingreso base de cotización para el periodo a tomar, con incidencia en el cálculo del monto pensiones, son admisibles cuando guardan coherencia con los ingresos reales o efectivamente percibidos o devengados por el trabajador.