Por Tipo de Norma

El CTCP reitera que la firma de un contador público en los estados financieros supone que estos últimos se ajustan a los requisitos legales y estatutarios, y las cifras revelan en forma fidedigna la situación financiera de la entidad.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante la presente doctrina reitera que en un régimen contable basado en las Normas Internacionales de Información Financiera no es necesario usar planes únicos de cuentas.

Mediante la Resolución 3559 de 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social modificó los anexos técnicos 2, 3 y 5 de la Resolución 2388 de 2016, los cuales comprenden las especificaciones y estructura de los archivos de la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila–.

Mediante la Resolución 3559 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se modificaron los anexos técnicos 2, 3 y 5 de la Resolución 2388 de 2016, la cual ha sido modificada por la Resolución 5858 de 2016 y las resoluciones 980, 1608 y 3016 de 2017.
En la presente norma se estipula que los operadores de información no deberán liquidar intereses de mora en los pagos que realicen los cotizantes que cumplen con las características del pago de seguridad social y caja de compensación familiar mes vencido, cuando efectúen el pago correspondiente al mes de septiembre de 2018 de manera anticipada. Las modificaciones presentadas en la Pila también apuntan a combatir la evasión de cotizaciones al sistema General de Pensiones y a evitar que quienes no están obligados a aportar, realicen aportes de acuerdo con lo establecido en la Ley 21 de 1982.

La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-133503 del 28 de agosto de 2018 se refirió a las clases de acciones que puede emitir una sociedad anónima que se transformó en una SAS y en sus estatutos no había establecido el tipo de acciones que pueden ser emitidas.
Por lo anterior, la Supersociedades trajo a colación el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008, donde se establece que en los estatutos de las SAS se debe indicar como mínimo “la clase (…) de acciones representativas de capital”, y concluye que las SAS únicamente pueden emitir los tipos de acciones establecidos en sus estatutos.

Cabe resaltar que, en seguridad social, son llamados rentistas de capital aquellos que perciben ingresos provenientes de la explotación de sus bienes, ya sean arrendamientos, dividendos, entre otros. Si dichos ingresos equivalen o superan mensualmente al salario mínimo legal, están obligados a cotizar al sistema integral de seguridad social.
Por otra parte, mediante la presente doctrina la UGPP concluye que los ingresos que provienen de la venta de un bien propio constituyen ganancia ocasional conforme a lo indicado en el artículo 300 del ET y, por ende, generan unas obligaciones fiscales. Sin embargo, dichos ingresos, dado que no provienen del ejercicio de una actividad económica desarrollada por la persona, en materia de seguridad social no dan lugar a la obligación de realizar aportes.

Mediante la presente doctrina, la Dian aclara los artículos del Decreto 390 de 2016 y 2685 de 1999 que se encuentran vigentes, frente a los cambios establecidos por la Resolución 031 de 2018.

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la presente doctrina afirma que, para que un signo se pueda constituir como marca debe ser novedoso, visible y suficientemente distintivo; lo cual hace que este permita distinguir e identificar el producto o servicio producidos o comercializados en el mercado, de otros idénticos o similares. Por lo anterior, la marca es un bien inmaterial y/o intangible que debe ser susceptible de representación gráfica.
De igual manera, basándose en el artículo 19 de la Decisión Andina 486 de 2000, se infiere que cualquier signo que identifique a una actividad económica es nombre comercial, mientras que la enseña mercantil es aquel signo que identifica un establecimiento mercantil.

Mediante la Resolución 007542 de 2018 emitida por la Dian, se modificaron los artículos 4 y 7 de la Resolución 000009 de 2008, redistribuyendo y adicionando así las funciones de las divisiones de gestión de fiscalización y de liquidación de las direcciones seccionales. Uno de los cambios introducidos por la presente norma es que las divisiones de gestión de fiscalización podrán ordenar la cancelación del levante, la entrega de las mercancías cuando a ello hubiese lugar en los eventos previstos por la regulación aduanera, mientras que las divisiones de gestión de liquidación deberán decidir el proceso sancionatorio aduanero a aplicar para la imposición de la sanción de amonestación, desde el envío de la comunicación hasta la decisión de fondo.

La Dian, por medio de la presente norma, busca facilitar y agilizar el proceso de nacionalización de mercancías, así como la remisión a la Dian de las declaraciones de importación. En consecuencia, se modifican los artículos 82-1: “Remisión a la DIAN de declaraciones no presentadas ante las entidades autorizadas para recaudar” y 82-2: “Procedimiento para la entrega a la dirección de impuestos y aduanas nacionales de declaraciones no presentadas ante las entidades autorizadas para recaudar” de la Resolución 4240 de 2000.
En la presente norma se estipula que, cuando las declaraciones de importación se presenten a través de los servicios informáticos electrónicos utilizando el mecanismo de firma digital, no se requerirá la presentación física de la misma ante la autoridad aduanera.

La Dian, mediante la Resolución 000060 del 30 de octubre de 2017, estableció el grupo de obligados a suministrar información tributaria por el año gravable 2018; señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega.
Por lo anterior, la entidad en mención indicó que es necesario modificar el grupo de obligados a suministrar información, el contenido de la información a presentar y, además, modificar en el esquema XSD la obligatoriedad de las casillas contenidas en las especificaciones técnicas de los formatos 1004, 1019, 1020, 2274, 2275 y 2279. Por lo anterior, se emite la Resolución 000045 de 2018, para facilitar el reporte por parte de los obligados y el uso de la información por parte de la Dian.

Mediante la presente doctrina, el CTCP sugiere al consultante revisar el Concepto 587 de 2018, donde se reitera que el revisor fiscal deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a los intereses que considere incompatibles con los principios de integridad y objetividad.