Es una realidad, los sobornos son comunes en el ambiente empresarial. La razón principal por la cual se ofrecen es que sin ellos se pierden negocios. Los pagos se han convertido en un requerimiento por parte de los funcionarios involucrados. Empresas deben fortalecer sus políticas anticorrupción.
La iniciativa Empresas Activas Anticorrupción busca que las organizaciones evalúen el desarrollo de sus programas de cumplimiento anticorrupción, como mecanismo para proteger su reputación, el interés de sus accionistas, contribuir a la sostenibilidad de sus negocios y promover la cultura de la legalidad.
Oscar Javier Cifuentes, gerente de servicios forenses de KPMG Colombia, afirma que las organizaciones que cuentan con programas de denuncia ineficaces corren el riesgo de no identificar eventos de fraude que estén ocurriendo. Empleados deben contar con confianza para no sentir temor por denunciar.
Sector público y privado se comprometieron la semana anterior, mediante un pacto escrito, a hacerle frente a los diversos actos de corrupción y a poner en tela de juicio a las organizaciones y personas involucradas en dichos procesos. 14,7% de los empresarios se han visto afectados por sobornos.
Según cifras de la Contraloría General de la República, la corrupción tiene un costo de 50 billones de pesos al año; lo que equivale a casi un billón de pesos semanales. Por otra parte, el 91% de los empresarios nacionales piensan que algunos de ellos ofrecen sobornos en el entorno de sus negocios.
La corrupción es el segundo obstáculo para hacer negocios en Colombia, según el Índice Global de Competitividad. En Colombia solo el 19% de las empresas cuenta con un programa para prevenir el soborno. Hasta el 31 de marzo del 2017 tienen plazo las sociedades obligadas a adoptar Programas de Ética Empresarial.
Investigaciones al interior de las compañías, riesgos en la venta de bienes, acuerdos y mecanismos de colaboración, y sancionar las irregularidades, son algunos de los puntos que deben tener presente las empresas de la región para hacerle frente a la corrupción.
Todos los administradores deben actuar de acuerdo con principios y deberes, siempre teniendo en cuenta que quienes ostenten el cargo, también tienen límites y prohibiciones.