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Si el tipo de vinculación del contador con la empresa es a través de una contrato de prestación de servicios, el pago de los honorarios al contador depende de los que las partes (empresa-contador) pacten en el contrato de prestación de servicios.

La Ley no ha establecido una inhabilidad para actuar como contador público cuando este se ha desempeñado como miembro del Consejo de Administración de la copropiedad; dicha inhabilidad aplica cuando ejerce como auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversias contables.

La tarjeta profesional del contador público emitida por la Junta Central de Contadores – JCC– es la encargada de acreditar que esa persona se encuentra facultada para desempeñar el cargo de contador público, y por tal razón, se considera documento público. Por otra parte, teniendo en cuenta la inhabilidad establecida en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990, el contador público no podrá ser contratado como contador de una entidad por el término de un año, a partir de la fecha de su retiro como auditor independiente.

El CTCP precisa que la firma de estados financieros de liquidación implica una labor que, encontrándose dentro de los tiempos del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la entidad y el contador público, debe ser atendida por este profesional a fin de adelantar dicho trámite.

El CTCP precisa que suscribir un contrato de colaboración entre un contador público y una persona jurídica con el objeto de realizar encargos de auditoría, revisión, servicios relacionados, y otros trabajos de aseguramiento (servicios contables), solo sería posible si la persona jurídica quién factura al cliente y presta apoyo en materia fiscal, tiene un registro ante la Junta Central de Contadores, ya sea como sociedad de contadores públicos o persona jurídica prestadora de servicios contables.

El CTCP precisa que un auditor interno que ostente la calidad de contador público, podrá firmar los estados financieros más no podrá omitir la relación que tiene con dichos estados. Cabe señalar que es indispensable que se especifique en que calidad firma los estados financieros, por cuenta de esa manera se determina la responsabilidad de ese profesional respecto a los estados financieros.

El CTCP precisa que no existe normatividad que estructure inhabilidad para que un contador público acepte ser contador de una sociedad de un familiar. Sin embargo, es importante tener en cuenta las posibles amenazas que afectarían de manera directa la objetividad del cargo, debido a que se podría configurar un conflicto de interés como lo establece el código de ética.

La firma en los estados financieros por parte de un contador público, hará presumir que estos se ajustan a los requisitos legales y estatutarios, que las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad y que éstas reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la entidad.

El CTCP señala que el contador público, además de tener derecho a recibir una remuneración por sus servicios, tiene la obligación de dejar resueltos todos los aspectos relacionados con su ejercicio profesional.

El contador público está obligado a guardar la reserva profesional en todo aquello que conozca en razón del ejercicio de su profesión, salvo en los casos en que dicha reserva sea levantada por disposiciones legales.

Si bien los bienes comunes de uso exclusivo no se reconocen contablemente en la copropiedad, esto no quiere decir que dichos bienes no puedan ser desafectados; esto implica que dichos bienes pasan a ser de dominio de la copropiedad pudiendo esta así usufructuar dicho bien.

Como lo señala el CTCP en su Concepto 041 de 2017, la entidad deberá evaluar, a la luz de los requerimientos de los marcos técnicos normativos contables, si se actúa como un agente o como principal en este tipo de transacciones lo cual determinará el tipo de reconocimiento de ingresos a que habrá lugar.