Se contempla el reconocimiento económico como una estrategia para promover el reporte de actos de corrupción. Los incentivos podrían ascender hasta un 5% de lo recuperado de la multa o sanción. En ningún caso este podría superar los 250 salarios mínimos legales vigentes.
Los auditores y revisores fiscales deben afrontar las diversas amenazas que se presenten en un proceso de auditoría y que no logren clasificar en un nivel aceptable. Se cuentan con dos posibilidades: implementar medidas de protección frente a la amenaza, y finalizar el encargo de trabajo al no poder hacerlo cumpliendo el Código de Ética.
En el proceso de auditoría, el equipo de profesionales se debe enfrentar a diversas situaciones que representan amenazas para el cumplimiento de los objetivos y principios fundamentales de la auditoría; frente a las que es necesario establecer medidas de protección.