Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En el proyecto de reforma tributaria estructural se dice: “3. Otros instrumentos financieros. Los ingresos, costos y gastos generados por la medición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios sino en lo correspondiente al gasto financiero que se hubiese generado aplicando el modelo del costo amortizado, de acuerdo a la técnica contable.” (artículo 31 del proyecto que propone modificar el artículo 33 del Estatuto Tributario).
Para el reconocimiento de los bienes de uso público, históricos y culturales es importante conocer sus características, para clasificarlos de manera adecuada y darles el mejor uso posible. Dichos bienes no deben hacer parte de la propiedad, planta y equipo o propiedad de inversión.
Cada día son más, tanto a nivel de impuestos nacionales como departamentales, distritales y municipales.
Las diversas superintendencias, desde hace cerca de 20 años, han emitido resoluciones y circulares en las que piden a las empresas sometidas a su inspección, vigilancia y control, que suministren numerosos informes y certificaciones, unas veces firmadas solo por el revisor fiscal y otras de manera conjunta por el representante legal y el revisor fiscal. Estos pedidos suelen venir de las superintendencias de Sociedades, Financiera, de Economía Solidaria, de Salud, de Subsidio Familiar, del Transporte y de Servicios Públicos.
Al leer con atención el artículo 209 del Código de Comercio, queda claro que el destinatario específico de informe es la asamblea general de accionistas –sociedades de capital– o la junta de socios –sociedades de personas–, que se refiere fundamentalmente a las actuaciones de los administradores y al desarrollo de las operaciones de la empresa, y que su contenido no debería ser conocido por terceros.
Algunos revisores fiscales han actuado de forma equivocada al cumplir con esta obligación, pues suelen incorporar en un solo documento el dictamen ordenado por el artículo 208 del Código de Comercio y el informe anual a la asamblea o junta de socios establecido en el artículo 209 del mismo Código.
Los instrumentos de control interno, como actividades de verificación y balance del estado organizacional, deben estar claramente diseñados y distribuidos con el objetivo de reducir al máximo la posibilidad de áreas desprotegidas contra el riesgo.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
