Año: 2017

El Ministerio de Minas y Energía decidió mantener estable el precio de la gasolina durante el primer mes de 2018, por lo que se mantendrá en $8.889 por galón, precio de referencia en Bogotá.

El 29 de diciembre de 2017, la Dian expidió el concepto unificado 001466 del 29 de diciembre de 2017 sobre el gravamen a los movimientos financieros – GMF (4 x1000). Con dicho concepto, la Dian explica las generalidades de este impuesto, el hecho generador, los sujetos pasivos, el momento en que se debe hacer la causación y la base gravable. Asimismo, hace precisiones sobre los agentes de retención en la fuente del 4×1000 las exenciones aplicables a este gravamen, así como la declaración y pago, y el régimen sancionatorio aplicable a este impuesto.

Para esta edición publicamos un especial sobre límites en reconocimiento de costos y pasivos pagados en efectivo a partir de 2018. Cerramos el año con análisis alrededor de temas que deben ser tenidos en cuenta para el inicio de 2018.

Dentro del desarrollo de las actividades asociadas a la práctica contable, el profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para identificar circunstancias que puedan originar inhabilidades o un conflicto de interés. Como resultado, dichas circunstancias pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y afectar de manera directa al usuario de la prestación de servicios.Dentro del desarrollo de las actividades asociadas a la práctica contable, el profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para identificar circunstancias que puedan originar inhabilidades o un conflicto de interés. Como resultado, dichas circunstancias pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y afectar de manera directa al usuario de la prestación de servicios.

La liquidación oficial de revisión es un acto administrativo definitivo, que declara una obligación a cargo del contribuyente y en favor de la Dian, el cual ostenta la calidad de titulo ejecutivo y, una vez ejecutoriado, puede producir efectos jurídicos.

En cumplimiento del artículo 90 de la Constitución Política y del Decreto 4085 de 2011, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aprobó las propuestas presentadas por el grupo interdisciplinario conformado por funcionarios del cuerpo directivo de la entidad y expertos en el tema, con el fin de establecer el diagnóstico de la problemática, causas prevenibles y el tema de la nueva política de prevención relacionado con la valoración, decreto y práctica de pruebas dentro de las actuaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Asimismo, determinó las actividades definitivas que deben ser ejecutadas por algunas direcciones seccionales y dependencias del nivel central para la implementación de la política de prevención de daño antijurídico sobre el aspecto probatorio. Por lo anterior, la Dian expidió la Resolución 000074 de diciembre 29 de 2017 mediante la cual adopta una política de prevención del daño antijurídico en materia probatoria en las actuaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

La DIAN expidió la Resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017, con la cual establece los contribuyentes que deberán facturar electrónicamente, señalando que deberán cumplir con esta obligación aquellos que a la fecha de publicación de la misma y durante los 5 años anteriores a la citada fecha, hayan solicitado rangos de numeración para la factura electrónica de que trata el Decreto 1929 del 29 de mayo de 2007, compilado en el Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016. Igualmente, precisa que los contribuyentes seleccionados que en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de octubre del año 2017, hayan expedido mensualmente una cantidad de facturas de venta y/o documentos equivalentes, superior a tres millones ($3.000.000), contarán con un término adicional de 3 meses para iniciar la facturación electrónica, contados a partir de la vigencia de la resolución.

El artículo 1.7.1 del Decreto 1625 de 2016 señala que el reporte de conciliación fiscal forma parte de la conciliación fiscal, y que corresponde al informe de los saldos contables y fiscales en donde se consolidan y explican las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario. Igualmente, mediante el artículo 1.7.4 del Decreto 1625 de 2016, se facultó a la DIAN para que prescribiera el formato para el reporte de conciliación fiscal, labor que debía realizar a más tardar el 29 de diciembre de 2017. En cumplimiento de lo anterior, la DIAN expidió la Resolución 000073 de Diciembre 29 de 2017, con la cual prescribe el formato de reporte de conciliación fiscal para el año gravable 2017; dicha resolución se encuentra acompañada de dos anexos: el primero, corresponde al reporte de conciliación fiscal – Formato 2516, y el segundo, a la guía de diligenciamiento del mismo.

El Ministerio de Salud y Protección Social establece las condiciones generales de operación de la administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud –Adres–, que permitan fijar los parámetros para la administración de los recursos del sistema general de seguridad social en salud y su flujo, de acuerdo con la nueva institucionalidad definida por la ley.
Cabe resaltar que la norma reitera que, la administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud –Adres– es un organismo de naturaleza especial del nivel descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente, asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del Estado, en los términos señalados en la ley de creación y adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.

Por medio de la cual se fijan los plazos para el pago de los impuestos municipales, presentación de las declaraciones tributarias del impuesto de industria y comercio, y retenciones en la fuente a título de impuesto de industria y comercio del municipio de Mocoa, Putumayo.

La Asociación de Industriales de Colombia –Andi– pronosticó que el crecimiento del país se situará entre 2,2 % y 2,4 % para el 2018.

El artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, modificó el título V del libro I del Estatuto Tributario en lo relacionado con la determinación del impuesto sobre la renta y complementario de las personas naturales residentes en el país, estableciendo un sistema de determinación cedular de la renta para las personas naturales, aplicable a las sucesiones ilíquidas, así: a) rentas de trabajo; b) rentas de pensiones; c) rentas de capital; d) rentas no laborales; y d) rentas de dividendos y participaciones. En consecuencia, ante la necesidad de reglamentar diversos aspectos de cada una de las cédulas, tales como: imputación de costos y deducciones, rentas exentas, entre otros, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017 con el cual se reglamenta la parte I de la Ley 1819 de 2016, referente a esta materia.