Para Anif, una reforma fiscal de corto plazo es fundamental para balancear las finanzas, defender el grado de inversión de la deuda soberana e incentivar la inversión para generar empleo y recuperar los ingresos de los hogares.
Las consecuencias de la pérdida del grado de inversión serían profundas. Podría presentarse una disminución en la inversión extranjera directa, así como una fuga de capitales que refuercen la depreciación del peso frente al dólar estadounidense.
Los hogares han dejado de percibir cerca de 34 billones de pesos en ingresos laborales desde marzo de 2020 hasta hoy.
Marzo de 2021 presentó una leve mejoría en materia laboral comparado con el mismo mes del año anterior.
Disminuir el rezago que tienen las mujeres jóvenes debe ser un punto de atención.
La reforma tributaria propone no ampliar la base de personas sujetas del impuesto de renta, sino aplicar una sobretasa temporal sobre el impuesto a cargo y un límite más estricto para la renta exenta.
Patrimonios entre 1.500 y 2.000 millones de pesos se grabarían con una tarifa marginal de 0,75 %.
Una sobretasa de renta a empresas y prorrogar el impuesto al patrimonio, ambos de forma temporal, son algunas de las propuestas.
Establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales y suspender el descuento del ICA en el impuesto sobre la renta son ideas de la Andi que gustan.
La entidad presentó sus nuevas propuestas enfocadas a la renta de personas naturales, jurídicas, pensiones e impuesto al patrimonio, entre otros tributos.
Según el Gobierno, para el 2023 empezarían a pagar renta quienes tengan ingresos brutos de 2.3 millones de pesos mensuales, con una tarifa efectiva baja.
Propuesta de ANIF haría pagar más a quienes tienen la capacidad de hacerlo y menos a quienes no.
Con la ampliación de la base, Gobierno espera pasar de 3.5 millones de declarantes a cerca de 7 millones.
Para ANIF las mujeres, sobre todo las jóvenes, participan menos en el mercado laboral y son las más afectadas con la pérdida de empleo.
La inclusión de la mujer en el mercado laboral y la disminución del rezago que tienen las jóvenes deben ser el centro de una política laboral en el corto plazo.
Anif propone que cambios en las tarifas de este impuesto se retrasen un año debido a las grandes necesidades fiscales del país.
Régimen simple de tributación tiene espacio para simplificarse más y el umbral de ingresos debe ser reevaluado.
ICA se debería eliminar de forma gradual.
Se extendería la base de bienes y servicios que generen su pago efectivo en tres fases a partir del 2022.
Se pasaría a una reducción de la tasa hasta fijarla en 18 % a partir de 2024.
Solo existirían dos categorías: bienes “incluidos”, que pagarían una tarifa general de 18 %, y bienes excluidos.
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