Fortalecer los canales de denuncia y la protección a los delatores es clave en la lucha contra la corrupción.

La OCDE le recomienda a Colombia adoptar una legislación que proteja a los denunciantes.

Se deben fortalecer las medidas de seguridad.

Reuniones inusuales de personas de la compañía con los negociadores es una alerta de posible fraude.

En promedio se paga un 26.2 % adicional de forma secreta para asegurar un contrato o negocio.

46.5 % de los empresarios manifiestan no contar con iniciativas para la evaluación de riesgos de soborno.

La OCDE estudió los tipos de corrupción que es más probable que el revisor fiscal encuentre en el desempeño de sus funciones.

El revisor fiscal tiene la tarea de encontrar indicadores de posibles actos de corrupción.

Contribuciones políticas, regalos y dinero, algunas de las modalidades más frecuentes.

OCDE pidió a Colombia adoptar una ley que proteja a los denunciantes de sobornos en el extranjero y se queja del compromiso limitado del país para luchar contra el cohecho internacional. En un informe sobre Colombia, el grupo de trabajo de la OCDE sobre cohecho pide también que se asegure de que se apliquen a […]

Supersociedades entrega una serie de recomendaciones para que revisores fiscales detecten el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Cuando el revisor fiscal advierta un posible delito como los anteriores deberá presentar la denuncia correspondiente.

694 empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas en Colombia opinaron sobre los esfuerzos que están realizando para prevenir el soborno, así como para tener una gestión más transparente. El 51 % de ellos afirma conocer el Estatuto Anticorrupción, y el 63 % cuenta con un código de ética.

Diversas modalidades en las que participan las empresas realizando contribuciones monetarias y en especie para distintas causas pueden ser canales de soborno. A continuación, se plantean mecanismos con los cuales pueden prevenir ese flagelo al interior de la organización, como medida de control interno.

La mitigación del riesgo de fraude debe estar en la agenda de la alta dirección empresarial, ya que cada vez más se reclama su participación, conocimiento, respuesta y hasta responsabilidad en este tipo de eventos. El 39 % de los empresarios colombianos reconocen haber sido víctimas de fraude.

La ineficiencia del gasto de Colombia se va en filtraciones de transferencias, malgasto en remuneración a empleados o en compras públicas, lo que representa unos 45 billones de pesos; 4,8 % del PIB. Las adquisiciones son un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción.

Las alcaldías, la Procuraduría General de la Nación y las personerías, tienen entre sus deberes, sancionar a los funcionarios luego de pasar por un extenso procedimiento de indagación preliminar y reunir pruebas para establecer si, efectivamente, se presentó alguna irregularidad.

Carlos Andrés Gómez, gerente de riesgos en Global Forensic Auditing, asegura que con esta norma se busca que las empresas se certifiquen y así cuenten con políticas internas serias contra el soborno; el propósito es transmitir tranquilidad a socios, clientes y proveedores.

Francisco Reyes Villamizar, superintendente de sociedades, dio a conocer que al menos hay 10 sociedades que están bajo la lupa del organismo.

Cifras muestran que la corrupción es uno de los delitos más problemáticos para la estabilidad económica del país. La Secretaría de Transparencia publicó un informe que revela el funcionamiento de la corrupción en el país y la forma en que esta afecta a toda la estructura estatal.

La firma EY encuestó a 50 empresarios colombianos, donde el 30% estarían dispuestos a cometer actos antiéticos para justificar un negocio. Falsificación de resultados financieros, pagos en efectivo para retener negocios, modificaciones en contratos firmados y hacer regalos, son algunas de las prácticas que se realizan.

El soborno y la corrupción son comunes en el sector empresarial. Las prácticas poco éticas y la propia participación de los empleados de las compañías hacen que éstas sufran pérdidas económicas que ronden los millones de dólares. Luis Alberto Penagos y María Conchita Jaimes hablan al respecto.

Es hora de que las empresas trabajen para implementar prácticas antisoborno, y que les exijan a sus proveedores políticas para prevenir este delito. La corrupción le cuesta al Estado alrededor de 1,6% del PIB, equivalente en el Presupuesto General de la Nación 2012, aproximadamente a 10,4 billones de pesos.

En Colombia las sanciones financieras son bajas frente al poder económico de empresas transnacionales y sus funcionarios. Tampoco hay mecanismos en la legislación nacional para que una compañía pueda ser sancionada por soborno transnacional.