Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
¿Cuántas auditorías debe hacer un auditor financiero y cuántas debe hacer un revisor fiscal?
En las copropiedades de uso residencial la revisoría fiscal no es de carácter obligatorio, pero la asamblea puede nombrar de forma voluntaria un revisor fiscal. Este no tendría inhabilidad o incompatibilidad, o algún tipo de restricción para participar en las reuniones de los órganos de administración.
Hay contadores que se encargan de revisorías, aunque sus condiciones de factibilidad no estén satisfechas, haciendo que exista una desfiguración de la institución, pues los revisores fiscales se convierten en diseñadores e implantadores de los procedimientos respectivos, perdiendo su independencia.
Los profesionales de la contaduría pública que realicen encargos de revisoría fiscal, de auditoría financiera u otros relacionados deben atender las disposiciones establecidas en las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–, para llevar a cabo esta labor de manera exitosa.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–reitera que el revisor fiscal debe esperar un año contado a partir de su retiro del cargo para prestar servicios profesionales como empleado de personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado.
La recolección y organización de la evidencia documental derivada del proceso de auditoría es un aspecto muy importante, ya que se configura en el sustento bajo el cual el auditor o revisor fiscal fundamenta su opinión final.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que las funciones del revisor fiscal se encuentran descritas en el Código de Comercio, y la obligatoriedad de tener esta figura de control se encuentra definida en la Ley 43 de 1990 y en el Código de Comercio.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– infiere que para fijar los honorarios del revisor fiscal se deben analizar los costos de las horas de dedicación de los profesionales involucrados en el trabajo, ya sean especialistas o ejecutantes, y tener en cuenta cada uno de los demás factores, a fin de fijar los honorarios acordes con la labor que se contrata.
La NIA 720 señala las responsabilidades que debe tener en cuenta el auditor o el revisor fiscal con relación a la “otra información” incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente dictamen de auditoría.
La ISAE 3000 permite que el contador público focalice su labor en la evaluación de riesgos específicos de la entidad, y que pueda realizar pruebas selectivas para obtener evidencia suficiente y adecuada al momento de emitir su opinión de auditoría.
El programa de trabajo de auditoría constituye un esquema organizado y clasificado de la labor a ejecutar por el profesional contable, quien debe atender las disposiciones establecidas en las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– para llevar a cabo su labor de manera efectiva.
El CTCP recordó que un contador público que haya ejercido el cargo de revisor fiscal en una entidad estaría inhabilitado para prestarles servicios profesionales como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o revisor fiscal.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
