Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia STL4384-2016 del 6 de abril del 2016, recordó que las cajas de compensación no pueden negar servicios por falta de vinculación cuando se han pagado aportes.
El Consejo de Estado, en Sentencia 2377-14 del 19 de mayo del 2016, recordó que en los acuerdos de reestructuración empresarial no se pueden desconocer las prerrogativas laborales del trabajador.
El Congreso de la República expidió la Ley 1796 del 13 de julio del 2016, a través de la cual estableció un grupo de medidas enfocadas a la protección del consumidor en materia de compra de vivienda. Con dicha ley el Estado busca incrementar la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la actividad de curaduría urbana asignada a la Superintendencia de Notariado y Registro.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su Concepto 16-163075 del 27 de julio del 2016, recordó que ante la solicitud de garantía esta únicamente será efectiva cuando el proveedor o distribuidor responda la reclamación directa presentada por el consumidor.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el Concepto 340 del 19 de julio del 2016, abordó asuntos relacionados con la responsabilidad del contador público colombiano ante el reconocimiento de transacciones de una compañía multinacional que realiza operaciones en Colombia, pero gestiona su información financiera mediante un centro de servicios compartidos del exterior siguiendo las indicaciones del manual de políticas contables previamente elaborado.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el Concepto 363 del 16 de julio del 2016, recordó asuntos relacionados con el derecho de inspección que nace del artículo 48 de la Ley 222 de 1995. Al respecto, cabe recordar que este es un derecho que tienen todos los socios de inspeccionar los libros y papeles de la sociedad, siempre que no se trate de secretos industriales o de información que de conocerse pueda causar algún detrimento al ente social.
La Superintendencia de Sociedades, en el Concepto 220-143880 del 19 de junio del 2016, recordó que de conformidad con el literal d) del numeral 5 del artículo 24 del Código General del Proceso, dicha entidad cuenta con facultades jurisdiccionales en materia societaria y, por lo tanto, tiene entre sus actividades declarar la nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades que sean objeto de su vigilancia.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el Concepto 1066 del 28 de abril del 2016, trató asuntos relacionados con la fecha a partir de la cual es obligatorio que en Colombia los revisores fiscales certifiquen los estados financieros bajo Estándares Internacionales.
La Corte Constitucional en su Comunicado 31 del 27 y 28 de julio del 2016, mediante el cual se da a conocer la decisión contenida en la Sentencia C-393 del 2016, determinó que se vulnera la justicia y la equidad tributaria cuando se limita la compensación de saldos a favor del impuesto de renta para la equidad CREE con otras obligaciones tributarias.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, en concepto del 26 de julio del 2016, resolvió algunos interrogantes en materia de notificación de los actos administrativos.
La Superintendencia de Sociedades en su Concepto 220-126109 del 20 de julio del 2016, recordó aspectos relacionados con las medidas cautelares dentro del régimen de insolvencia cuando existe una propiedad fiduciaria. En primer lugar, la Superintendencia recordó que la propiedad fiduciaria es una modalidad especial de dominio distinta a la fiducia mercantil, toda vez que los elementos esenciales y la naturaleza de estas son diferentes.
La Superintendencia de Sociedades advirtió en el Concepto 220-144582 que respecto a las sociedades por acciones simplificadas –SAS–, estas se deben regir por lo estipulado en la Ley 1258 del 2008. Sin embargo, dicho tipo societario cuenta con autonomía en lo concerniente a la redacción de sus estatutos y, por lo tanto, se regirá tanto por la Ley 1258 del 2008 como por lo contenido en estos, salvo que lo dicho en los estatutos se encuentre regulado por las normas que rigen las sociedades anónimas.
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