Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo –SG-SST– es una obligación para todas las empresas. No obstante, para efectos de determinar sobre quién recae la responsabilidad del cumplimiento de este sistema se debe determinar la forma de contratación del trabajador.
Con mucha frecuencia las empresas le exigen a la persona que aspira a ser contratada que se practique exámenes médicos de ingreso, cuyo propósito principal consiste en determinar las condiciones generales de salud de los aspirantes a un puesto de trabajo.
La afiliación a una administradora de riesgos laborales –ARL– es una obligación ineludible que poseen las empresas con sus trabajadores vinculados mediante un contrato de trabajo. El incumplimiento de esta obligación acarrea para el empleador drásticas sanciones económicas.
La NIA 720 señala las responsabilidades que debe tener en cuenta el auditor o el revisor fiscal con relación a la “otra información” incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente dictamen de auditoría.
El profesional contable cumple un papel fundamental dentro de toda organización, pues su trabajo demanda no solo habilidades cognitivas, sino también principios y valores éticos que le permitan afrontar los riesgos de intereses a los que puede estar expuesto.
Dentro de todos los actores que conforman la administración de la propiedad horizontal, el revisor fiscal adquiere un gran nivel de responsabilidad, considerando que sobre este recae la función de control final sobre las actividades que se ejecutan en este régimen.
Las sociedades comerciales deben elegir al administrador de la persona jurídica y el representante legal a través de la decisión del máximo órgano de representación, el cual debe estar sujeto a las reglas que se hayan establecido en los respectivos estatutos de la sociedad.
La Ley 675 de 2001, establece la regulación aplicable a la propiedad horizontal. En este sentido sobre quien recaiga la administración de esta deberá regirse por las condiciones estipuladas en dicha norma, pues la extralimitación o incumplimiento de sus funciones es considerada como culpa leve.
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La Ley 675 de 2001, en su artículo 50, señala que los administradores responderán por los perjuicios que, por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros.
La fuerza mayor o caso fortuito, definidos por el Código Civil como los imprevistos que no es posible evitar, constituyen hechos eximentes de responsabilidad. Para acogerse a este recurso debe demostrarse el cumplimiento de dos elementos esenciales: la imprevisibilidad y la irresistibilidad.
Una persona natural del régimen común, tiene como responsabilidad en el RUT la No. 11, pero su actividad es excluida del IVA ¿Qué inconvenientes pueden presentarse para esta situación?
Resuelta 18 de mayo de 2017
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